Fuerte impunidad en delitos.
El que más del 90% de los robos y asaltos termine sin condenados ayuda a explicar por qué el país está perdiendo la batalla contra la delincuencia.
Un informe preparado por el Ministerio
Público, y que fue dado a conocer por este medio, indica que el 93%
de los delitos de robo y asalto cometidos terminan sin responsables
condenados, lo que constituye una alarmante señal en términos de
impunidad y refuerza por qué la ciudadanía siente un alto nivel de
desamparo frente a la delincuencia.
En los últimos meses se han
multiplicado los testimonios que dan cuenta no sólo de una mayor
frecuencia en la comisión de delitos, sino también un mayor nivel
de violencia hacia las víctimas. Los robos en lugar no habitado o
los hurtos parecen estar fuera de control; así también está
ocurriendo con el robo de vehículos. Pero aún más preocupante es
que los asaltos a viviendas se produzcan impunemente con moradores,
los que suelen ser objeto de graves golpizas por parte de los
delincuentes, provocando un trauma de muy difícil superación. El
fin de semana la crónica policial dio cuenta de numerosos atracos,
que incluso alcanzaron a dos restaurantes del sector oriente de la
capital, cuyos clientes fueron encañonados y obligados a entregar
sus pertenencias.
Ninguna sociedad puede ser eficiente en
el combate al delito si el sistema judicial deviene en impunidad, y
sólo aquellos casos de “alta connotación” terminen en condenas
efectivas. El actual sistema procesal penal, que acaba de cumplir una
década en funciones, puede exhibir importantes logros en haber
acortado la duración de los juicios y en lograr una cierta
descongestión de las cárceles, mediante procesos abreviados o
sistemas alternativos de cumplimiento de penas. Pero dichos logros no
han ido a la par de una reducción significativa de la tasa de
delincuencia. El que más del 90% de los robos quede en la impunidad
es indicativo de las graves fallas que tiene el sistema, creando un
círculo vicioso que alienta el delito, pues los delincuentes
perciben que existe una muy baja probabilidad de que terminen
condenados, desincentivando a su vez que la población denuncie.
Se argumenta como razón para
justificar la falta de condenas la inexistencia de un imputado
conocido. Aquí hay una evidente falla en el proceso de
investigación, la que bien guiada por la fiscalía debería producir
precisamente pistas que lleven a los responsables. La evidencia
parece sugerir que en general los delitos tienden a ser cometidos por
grupos bien determinados y no tanto por “primerizos”, lo que
indica que en la medida que exista una investigación efectiva sería
posible acumular antecedentes que permitan una posterior condena. Por
ello el Ministerio Público debe revisar la política de archivar
casos en aquellos delitos considerados “menores”, porque son
éstos los que afectan más directamente al grueso de la población,
y al no ser investigados -acción que sólo puede llevarla a cabo la
Fiscalía-, sus hechores se benefician de la impunidad y el “costo”
de delinquir aparece como algo menor.
Pero ciertamente cabe al Ministerio del
Interior una responsabilidad primordial en la mantención del orden
público. No puede pretenderse que cuando en zonas como La Araucanía
se ha perdido por completo el imperio del estado del derecho, al cabo
no comience a ocurrir algo similar en el resto del país. Si en
definitiva no se respalda decididamente la acción policial con todos
los medios a disposición, y la impunidad no es vista con la gravedad
que amerita, el país irremediablemente pierde.
Editorial de
Diario La Tercera del 21 de julio de 2015.
