Alimentación forzada y libertad personal
Tribuna de Hernán Corral.
Con la prolongación de la huelga de hambre de los comuneros mapuches cobra importancia la sentencia de la Corte Suprema del 24 de septiembre pasado por la que autorizó a Gendarmería para adoptar las medidas necesarias para asegurar la vida de los huelguistas. La Corte ratificó la jurisprudencia que viene de los años ochenta de que el valor de la vida humana es superior a la libertad de quienes la ponen en riesgo, cualquiera sean las motivaciones que persigan con ello. Se entiende que entre las medidas necesarias para salvaguardar la vida está la de proporcionar nutrición e hidratación a los huelguistas, coactivamente, aunque del modo menos invasivo posible.
Esta idea ha sido cuestionada desde la óptica de un pensamiento liberal, que sustenta que el Estado no debe intervenir en las decisiones autónomas que tomen los individuos, aunque de ellas se pueda reportar un peligro para su vida o salud. La alimentación forzada sería una muestra inaceptable de un paternalismo estatal que invade ilegítimamente la esfera de libre decisión de las personas. ¿Debiera entonces el Estado abstenerse de toda acción y los tribunales negar un recurso de protección cuando el mismo afectado es quien desea atentar contra su derecho fundamental?
Junto a este liberalismo de izquierda que promueve la autodeterminación en materia de vida y conducta sexual, aparece también un liberalismo de derecha, en temas económicos. Curiosamente más o menos los mismos argumentos se han dado en contra de la ley que declaró irrenunciables los feriados del Bicentenario y frente a la idea de extender esa irrenunciabilidad a los domingos. ¿Acaso no pueden los trabajadores decidir por sí mismos si quieren o no renunciar a ese día de descanso? ¿Por qué el Estado se entromete en un ámbito que puede ser mejor regulado por los particulares involucrados?
No se trata de una controversia propiamente chilena. Hace unas semanas el Senado francés aprobó el proyecto de la ley que prohíbe a las mujeres usar el velo islámico. La ley es más amplia y se refiere a toda tenida que oculte el rostro: " Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ", reza su artículo 1º. La polémica ha sido fuerte no sólo porque aquí parece intervenir el derecho a expresar las creencias religiosas, sino nuevamente porque el Estado estaría diciéndoles a las personas cómo deben vestirse. ¿Una nueva forma de paternalismo?
El equilibrio entre respeto a la libertad e intervención del Estado en la vida pública para el logro de intereses colectivos y un más pleno respeto de los derechos fundamentales de todos no es fácil de obtener. Y la simple idea liberal, sea de izquierda o de derecha, de que siempre lo mejor es que el Estado se retire, deje hacer y no interfiera en las decisiones libres de los ciudadanos se revela no sólo como simplista, sino como inviable en la práctica.
Más fructífero es explorar las razones por las cuales el Estado puede, y a veces debe, coartar la autonomía de los individuos. El criterio de no dañar a otro puede ser apto para el derecho penal, pero es pobre para gestionar con justicia y eficiencia las áreas cuando la conducta individual produce menoscabos a valores esenciales de la convivencia pública. Así podrá ser atendible que mientras en Francia se prohíba la vestimenta que oculta el rostro para impedir la opresión de las mujeres, fundada en un motivo religioso poco justificado, en Chile será legítimo que se adopten medidas que impidan el deceso de los huelguistas de hambre. La vida es un bien mucho más irrenunciable que cualquier feriado.
Tomado de Diario El Mercurio.
