martes, 31 de agosto de 2010

El nuevo enfrentamiento en Argentina.



El nuevo enfrentamiento en Argentina.

La Presidenta y el ex Presidente Kirchner se resisten a desenvolverse dentro de los límites internacionalmente reconocidos y respetados por las democracias. Para conseguir sus objetivos se exponen a subvertir derechos fundamentales y trastornar instituciones, y son implacables con sus opositores y críticos. Los favorece el desequilibrio entre el fuerte poder presidencial y la debilidad de otras instituciones públicas argentinas. Esta asimetría les permitió disponer de una parte considerable de las reservas del Banco Central y expropiar los ahorros previsionales.


Beneficia a los gobernantes la expansión económica de Argentina, su ascenso en las encuestas, la división dentro de su partido y la fragmentación de la oposición. Atrás ha quedado el descenso en la popularidad de Néstor Kirchner, que terminó su mandato con 65 por ciento de aprobación, que descendió a 25 el año pasado, y ahora bordea el 35 por ciento. Con 40 por ciento de la votación y 10 puntos de diferencia de su eventual segundo oponente, podría ser electo nuevamente como Presidente, o bien, reelecta su cónyuge. Dentro y fuera de su partido, la lista de presidenciables alternativos es numerosa.


Las elecciones están previstas para octubre de 2011, y la maquinaria presidencial está en acción para obtener apoyo dentro del partido gobernante y para diezmar a sus opositores, entre ellos, a su decidido adversario, el grupo multimedial propietario del diario Clarín. El matrimonio gobernante ha asestado ya varios golpes a la prensa independiente. Ha recurrido a los más variados instrumentos para amagarla mediante la asignación política de la publicidad oficial, la nueva Ley de Medios, el control del acceso a la información y el favorecimiento a los diarios oficiales.


Esta semana dieron un paso más audaz, arriesgado y que muchos sostienen será contraproducente para sus autores. Indiferente al respeto de la libertad de expresión, la Presidenta propuso al Congreso declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diarios, para luego proceder a la completa estatización de Papel Prensa, perteneciente en 28 por ciento al Estado argentino y controlada en más de dos tercios por los diarios Clarín y La Nación. La papelera abastece el grueso de la producción local de papel de diarios. Además, denunció a la justicia a los directivos de ambos medios por supuesta complicidad criminal con el gobierno militar en abusos a los derechos humanos para adquirir la compañía. En opinión de la Mandataria, "quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa en Argentina". Los propietarios no se amedrentaron: respondieron que el gobierno quiere controlar la información a través del papel y denunciaron la persecución oficial basada en falsedades en los hechos y cargos, después de 34 años de haber sido legítimamente adquirida esa empresa.


El autoritarismo que practican los Kirchner, su desapego por las instituciones, la arbitrariedad de sus procedimientos y lo infundado de los cargos, más el evidente compromiso de la libertad de expresión, motivaron un amplio rechazo a las medidas y presiones presidenciales. Las empresas afectadas han recibido el apoyo unánime de la oposición política argentina y la solidaridad de la prensa mundial, a la que se sumó la Asociación Nacional de la Prensa de nuestro país.


La amenaza de estatización de esta empresa papelera recordó un intento similar en Chile, frustrado por un masivo movimiento ciudadano que defendió y apoyó a la empresa en peligro, durante el gobierno de Salvador Allende.


La inseguridad jurídica que se desprende de estos acontecimientos trasciende a la política del país vecino y a la observancia de derechos fundamentales en su territorio: impacta a su imagen externa y desalienta a los inversionistas, financistas, importadores y exportadores extranjeros, adversos a la politización, judicialización e intervencionismo estatal en las actividades productivas.


(Editorial de Diario el Mercurio del 30 de Agosto de 2010).



viernes, 20 de agosto de 2010

PAGO DE CHILE, por Horacio Balmelli Urrutia.


PAGO DE CHILE

Escribe Horacio Balmelli Urrutia


Quienes, vieron por televisión la serie “MANUEL RODRÍGUEZ – El Guerrillero del Amor”, no pudieron escaparse de revivir diariamente ciertos conocidos aspectos de nuestra historia a comienzos del siglo XIX y es así como hombres con distintas personalidades como Francisco Casimiro Marcó del Pont, Vicente San Bruno, Manuel Rodríguez y Miguel Neira se mostraron bastante bien representados por los actores del caso.


Dentro de los antecedentes de estos personajes podemos decir que Marcó del Pont Angel Díaz y Méndez nació en Vigo el año 1770 y luego de una brillante carrera militar en la que alcanzó el grado de mariscal de campo, fue nombrado como Gobernador de Chile en 1815. Este hombre, contrariamente a su formación castrense, se destacó por su personalidad afeminada y sus gustos exóticos.


Vicente San Bruno Rovira nació en Zaragoza y sus primeros pasos en su juventud fueron como lego, o sea tras obtener una ordenación religiosa en la congregación franciscana.; sin embargo, en 1808 desistió de dicha iniciativa e ingresó al campo de las armas hasta que en 1814 fue destinado a Chile inicialmente con el grado de Capitán y para hacerse cargo del Regimiento de los Talaveras de la Reina, unidad que alcanzó características represivas entre los criollos en vez de desarrollar funciones de seguridad como se le había encomendado. De esta forma San Bruno se caracterizó por las torturas y asesinatos que personalmente hizo en la cárcel de Santiago, causando no solo miedo en la población sino, un gran rencor entre los patriotas de tal modo que, luego de la victoria de Chacabuco en 1817, fue apresado, juzgado y ejecutado en la Plaza de Armas de la capital el 12 de Abril del mismo año, cuando ostentaba el grado de Coronel y para contento de muchos.


En el caso de Manuel Rodríguez Erdoyza y José Miguel Neira Mondaca debe considerarse que, ambos mas que ser guerrilleros o bandoleros como se les llegó a calificar erróneamente en esa época, fueron unos destacados hombres que, con valentía, astucia y esfuerzo, lideraron la resistencia patriota en Chile hasta la espera de que el Ejército Libertador atravesara la Cordillera de los Andes en pos de la Independencia de nuestro país, arriesgando varias veces sus propias vidas.


Lamentablemente estos valerosos patriotas tuvieron un triste e injustificado final. Como bien sabemos, Manuel Rodríguez dejó el mando del Regimiento “Húsares de la Muerte” – unidad que él mismo comandaba como Teniente Coronel- y que fue disuelta después del triunfo de Maipú el 5 de Abril de 1818, luego de lo cual fue detenido con la intención de conducirlo hasta Valparaíso pero, en las cercanías de Til Til fué alevosamente asesinado el 26 de Mayo de 1818 con un balazo en la espalda que le disparó el Teniente Antonio Merino, de la escolta, cumpliendo así una orden del argentino Bernardo Monteagudo, miembro de la Logia Lautarina y que años mas tarde lo confesó con la excusa de los ejecutores de que Rodríguez había intentado escapar.


Respecto a José Miguel Neira, que también dejó de actuar militarmente como Coronel de Milicias luego de consolidada la Independencia, no hubo para él una compensación y en cambio, como reiniciara sus actividades delictivas en los campos, fue apresado en Talca y fusilado en 1817.


La curiosidad de estos casos nos mueven a reflexionar comparativamente al gran aporte que estos dos patriotas hicieron a la causa independentista y plantear interrogantes tales como:


¿Por qué no se les aplicó una suerte de indulto en el caso de que hubieran cometido algo en contra del nuevo orden de la naciente República....?


¿Por qué no se fué justos con ellos, teniendo en cuenta el valioso aporte que hicieron a la Patria ...?


Entonces, hoy cabe hacer la siguiente reflexión:


¿ Fué en aquellos años en los que empezó a emplearse el conocido término: EL PAGO DE CHILE...?

(Tomado de http://eldiezdeungranmes.blogspot.com/)



miércoles, 18 de agosto de 2010

El PC debe explicar su relación con las Farc.

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El PC debe explicar su relación con las Farc.

De ningún partido político se aceptaría que tuviera vínculos con una organización terrorista. El Partido Comunista no puede ser la excepción

(Editorial de Diario La Tercera)

LA FISCALIA NACIONAL de Colombia ha enviado a las autoridades chilenas un documento en el cual vincula a siete dirigentes del Partido Comunista chileno -entre ellos, su presidente y su secretario general, ambos diputados- con la organización terrorista de las Farc. Ante los emplazamientos del gobierno y del oficialismo, éstos han acusado una operación política en su contra y lo mismo han hecho varias figuras relevantes de la Concertación, pero sin entregar argumentos que refuten la tesis de la fiscalía colombiana. Desde el PC, además, tampoco se ha repudiado explícitamente la posibilidad de nexos con las Farc como algo incompatible con su calidad de partido democrático, en una actitud ambigua respecto de la naturaleza criminal de esa organización.


No puede haber duda de que, ante imputaciones de este tipo hechas formalmente por la justicia de otro país -sin que exista razón para atribuir otro propósito que la búsqueda de que se investiguen delitos graves-, cabría esperar del PC, en primer lugar, un esfuerzo por presentar argumentos que desmientan su veracidad. Un partido con representación parlamentaria debe dar explicaciones cuando una acusación seria le imputa estar asociado con una agrupación que la comunidad internacional califica de terrorista, que se financia protegiendo el narcotráfico y secuestrando a personas, que no vacila en asesinar a inocentes con la instalación de coches bomba y que ha buscado desestabilizar al Estado colombiano por décadas.


La Concertación, en especial aquellos sectores que evalúan la posibilidad de un pacto electoral con el PC de cara a futuras elecciones, debe exigir que se aclaren los hechos y que exista una condena explícita a ese movimiento guerrillero. Argumentar, como lo han hecho dirigentes comunistas, que los nexos del partido con las Farc han sido de carácter "político" y no "operativo", implica otorgarles una legitimidad que ningún actor democrático reconoce.


Otra arista de la investigación colombiana es la relación entre las Farc y grupos que, bajo la bandera de reivindicaciones de pueblos originarios, han adoptado en el sur de Chile la vía violenta para exigir lo que consideran sus derechos. Se han conocido antecedentes que apuntan a militantes comunistas como enlaces entre la guerrilla colombiana y estos grupos, donde resulta particularmente grave la denuncia de que algunos de sus integrantes hayan recibido instrucción militar de las Farc en el territorio que éstas controlan.


La pretensión del PC en orden a tener participación en la vida política chilena, particularmente en el Congreso, debe tener como contrapartida la mantención de una actitud clara y explícita de rechazo a grupos terroristas como las Farc. Quienes desde la oposición han dado su apoyo para permitir esa participación parlamentaria, deben evaluar con atención la reacción de ese partido ante las imputaciones que se le están haciendo desde el Poder Judicial de otro país.


No es aceptable que un partido político chileno sostenga relaciones con una agrupación que utiliza la violencia como método de acción. La renuencia del Partido Comunista a condenar sin matices a las Farc y a romper sus vínculos con ese grupo guerrillero lo pone en una situación que debe ser aclarada por sus dirigentes ante la opinión pública.


Nota de la Redacción:
La imagen no corresponde al editorial de Diario La Tercera que reproducimos.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Violencia mapuche ¿y las FARC?



Violencia mapuche ¿y las FARC?




Un informe del Gobierno anticipa que inminentemente recrudecerían acciones violentistas -tomas de predios, atentados incendiarios, cortes de caminos- en La Araucanía, y el Ministerio del Interior prepara medidas preventivas: ha citado a policías y expertos en inteligencia para abordar este tema y fortalecer la vigilancia; ayer tuvo lugar una nueva reunión del comité policial en La Moneda. Fuentes policiales han informado que la propaganda armada ligada a la causa mapuche buscaría mayor notoriedad en el corto plazo.

Todo lo anterior se produce en el contexto de la preparación de dos juicios orales en que hay imputados mapuches por atentados armados e incendiarios, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco. Los grupos activistas quieren demostrar que esos ataques no son de responsabilidad única de los comuneros actualmente procesados por la Ley Antiterrorista, y buscan dilatar los juicios para lograr atención internacional, así como ocasión para "reacomodar fuerzas".


Esto parece ratificar la importancia del dossier remitido hace pocos días por las autoridades colombianas y que obra ya en poder del Ministerio Público chileno. Según él, existiría vinculación de algunos sectores del movimiento mapuche con las FARC colombianas. Al parecer, se cuenta ahora con antecedentes que confirman la verosimilitud de esta especie e indicarían no sólo una vinculación accidental, sino incluso una actuación organizada en el proceso de formación de activistas violentos. Esto requiere un categórico esclarecimiento, y es de prever un próximo pronunciamiento del órgano encargado de la persecución penal en nuestro país.


Si en Chile operan organizaciones con vinculaciones terroristas, es imprescindible reconocerlo así y actuar en consecuencia. En la indecisa y confusa política seguida en el pasado frente a estos casos incide en parte una visión centralista: el que los hechos de violencia y sus víctimas se encuentren lejos del núcleo de toma de decisiones del país ha contribuido a que no se cobre conciencia generalizada del riesgo que representa este problema, así sea incipiente. Cohonestar actos terroristas o confundirlos con atendibles reivindicaciones de pueblos originarios es un error que podría costar muy caro al país. No cabe olvidar la trágica experiencia colombiana, ni la peruana en su hora, y es prudente observar los excesos a que han llevado las argumentaciones indigenistas en Bolivia. El referido dossier colombiano es un gesto de cooperación de las autoridades de ese país que debe ser valorado y, de confirmarse su fundamento, considerado en las decisiones que adopten las autoridades.


Se está aquí ante un problema que va más allá incluso de la necesidad de resolver las situaciones de marginalidad y pobreza que afectan a vastos grupos mapuches. Cuando proceda, la aplicación de la Ley Antiterrorista debe hacerse con máxima energía, sin distinguir entre las motivaciones que se aduzcan, sean ideológicas, indigenistas u otras.


Tomado de la sección editorial del Diario el Mercurio del 11 de agosto de 2010.