Indefensión en barrios controlados por el hampa.

Indefensión en barrios controlados por el hampa.

El desafío del gobierno es que el anuncio de "recuperar" zonas como La Legua Emergencia se traduzca en avances para quienes hoy viven con miedo

EL PROBLEMA no es nuevo ni poco discutido, pero hace falta que ocurra algo especial para que vuelva a figurar en la agenda pública con la relevancia que amerita. Así, cuando los medios de comunicación informan de allanamientos policiales con despliegue de efectivos y armamento, incautaciones de armas y drogas, enfrentamientos entre policías y narcotraficantes, persecuciones de delincuentes de alta peligrosidad (incluso menores de edad), o asesinatos entre bandas rivales y "quitadas" de drogas, entonces la población capitalina de La Legua Emergencia -con todo su complejo entramado de disfunciones a todo nivel- se instala en el debate nacional por un tiempo, usualmente no mayor al que toma a las autoridades comprometer recursos en un plan de intervención que ataque la situación en forma multifocal, sin restringirla a su dimensión exclusivamente policial.

En esta ocasión, lo que ha puesto a la población en el centro de la contingencia fue una carta del párroco de La Legua a las autoridades, haciendo un llamado a que pongan fin al estado de indefensión en que viven sus habitantes por causa de las mafias del narcotráfico y la delincuencia que éstas generan. Sus frases dan cuenta de una dura realidad: "Hay tantas balaceras, que los niños a veces no van a la escuela"; "durante 15 días tuvimos tres muertes y no sé cuántos heridos, tienen armas muy sofisticadas"; "vivimos como prisioneros de la dictadura instaurada por el narco". Lo que describe el sacerdote es un territorio en el que el Estado está virtualmente ausente, y donde sus habitantes no gozan de los mismos derechos y libertades que la ley garantiza al resto de sus conciudadanos.

El caso de La Legua Emergencia se repite también en otros barrios de Santiago y distintas ciudades: en ellos no hay presencia de la autoridad ni de las fuerzas de seguridad y orden públicos, lo que genera un entorno en que se hace difícil tener acceso a servicios básicos como agua, correo, teléfono, electricidad e incluso ambulancias y bomberos. Parte de la explicación es que determinadas opciones urbanísticas tomadas en el pasado resultaron en la construcción de grandes conjuntos habitacionales sin infraestructura mínima, con vías y pasajes angostos, sin áreas verdes y con poca iluminación pública, donde no existen suficientes colegios, centros de salud o comisarías. Escasean también, por ende, el comercio legal y las oportunidades de empleo. Estas son condiciones que propician el aumento de la delincuencia y el narcotráfico, y el círculo vicioso de aumento de la violencia que ello genera ha sido enfrentado, hasta ahora, con medidas ineficaces.

Ante el tenor de la carta del párroco, el ministro del Interior aseguró estar trabajando en un "plan para recuperar La Legua", a la cual describió como "la experiencia más cercana que tenemos a las favelas". La idea de aprender de la experiencia de Brasil -que el ministro fue a conocer en persona- parece bien encaminada, pues consiste en garantizar una fuerte y continuada presencia policial en los barrios intervenidos, bajo cuyo amparo pueden comenzar a abordarse las dimensiones sociales del problema en materia de educación, salud, empleo, entorno comunitario, etc. El desafío será que, en zonas como La Legua Emergencia y otras similares, los anuncios de "recuperación" se traduzcan en medidas concretas, cuyos resultados prácticos mejoren la calidad de vida de los vecinos que hoy viven con miedo.

Editorial tomado de Diario La Tercera.

Chile y Bolivia: Altibajos de una relación

José Miguel Barros

En las relaciones chileno-bolivianas aparecen, a través de los años, signos de desentendimiento entreverados con apreciaciones optimistas. Teniéndolo en mente, hechos recientes nos inducen a resumir ciertas situaciones que conviene recordar aquí y en el vecino país.

No insistiremos en que cuando un cuarto de siglo después del inicio de la Guerra del Pacífico ambos países convinieron en un tratado de paz, creyeron que habían puesto un punto final a su prolongado desencuentro.

A comienzos del pasado siglo, se inicia una importante etapa en tal asunto con la venida a Chile del boliviano Félix Avelino Aramayo, quien no solamente trajo bases de arreglo, sino que además se empeñó en que ellas fueran consideradas por nuestro gobierno.

De allí derivó la finalización jurídica del conflicto, que se basaba en la aceptación, por parte de Bolivia, de la situación territorial existente al término del encuentro armado. Como contrapartida, ese Estado recibiría diversas compensaciones; entre ellas, un substancial aporte pecuniario chileno a la construcción de ferrocarriles que llevaren al Pacífico los productos bolivianos.

Las negociaciones terminaron en un tratado de paz y amistad, fechado a 20 de octubre de 1904, que fue aprobado por los parlamentos de ambos países y solemnemente ratificado por sus gobiernos. Hoy ha sobrepasado un siglo de vida; moral y jurídicamente está incólume.

En esa prolongada vida, tal vez el episodio internacional más significativo ocurrió en la Sociedad de las Naciones, organismo creado al término de la Primera Guerra Mundial. En su seno, el 1 de noviembre de 1920, el gobierno de Bolivia presentó una nota en la cual invocaba el artículo 19 del Tratado de Versalles para obtener "la revisión" de aquel tratado chileno-boliviano.

Para justificar su demanda, Bolivia mencionaba "la presión bajo la cual fue impuesto el tratado"; la inejecución, por parte de Chile, de algunos puntos fundamentales del tratado, y la existencia de "una permanente amenaza de guerra". Finalmente, argumentaba que, como consecuencia del Tratado de 1904, Bolivia había pasado a ser "un país absolutamente cerrado y privado de todo acceso al mar".

Los representantes chilenos Antonio Huneeus y Manuel Rivas Vicuña objetaron con firmes argumentos esta presentación boliviana. Adujeron, primeramente, que el Tratado de 1904 se había suscrito veintiún años después de la guerra, sin que mediara compulsión o presión chilena. Señalaron, además, que estaban cumplidas todas las obligaciones contraídas por Chile en dicho tratado.

Vale la pena transcribir textualmente el punto 4º de la nota chilena: "Bolivia renunció libre y espontáneamente en 1904 al territorio que mediaba entre nuestra primitiva frontera norte y la provincia de Tarapacá que pasó desde 1883 al dominio de Chile, el cual no podía dejar cortado su territorio. Chile ha dado a Bolivia todo el acceso al mar que está en su mano darle, construyéndole especialmente, y al exclusivo costo de Chile, el ferrocarril de Arica a La Paz. Bolivia será dueña de la sección boliviana de esta línea dentro de pocos años y transita libremente al mar por los puertos de Arica y Antofagasta. No es, pues, exacto que Bolivia sea un país enteramente clausurado y privado de todo acceso al mar".

En una comunicación ulterior, los representantes chilenos señalaron que la competencia de la Asamblea para revisar tratados estaba contemplada en el Estatuto de la Sociedad de las Naciones solamente para el caso de tratados que se hacían inaplicables y que el de 1904 no solamente no se había vuelto inaplicable, sino, por el contrario, estaba plenamente cumplido.

A estas gestiones, siguieron tres hábiles intervenciones del delegado Agustín Edwards MacClure, quien reforzó aquellos argumentos e insistió en la falta de competencia de la Asamblea para intervenir en esta clase de asuntos.

A la postre, el desarrollo del procedimiento resultó favorable a la posición chilena: una Comisión de Juristas determinó que la demanda boliviana era inadmisible porque la Asamblea de la Sociedad de Naciones no podía modificar por sí misma ningún tratado. Textualmente expresaba: "La modificación de los tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes".

Con estos antecedentes, Edwards MacClure formuló un llamado a Bolivia cuyo contenido tiene resonancias muy actuales: "Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas, libremente consentidas. Chile no le ha cerrado jamás esa puerta a Bolivia, y estoy en situación de declarar que nada nos será más agradable que contemplar directamente con ella los mejores medios para ayudar a su desarrollo".

Así concluyó, en 1921, este intento boliviano de poner en tela de juicio el Tratado de 1904.

Hemos recordado estos antecedentes porque, en los últimos días, altos voceros bolivianos han anunciado su intención de recurrir a organismos y tribunales internacionales respecto del mismo tratado.

Dentro del limitado espacio disponible, destacamos dos tópicos jurídicos que nos parecen atinentes: a) que, a diferencia del estatuto de la Sociedad de Naciones, la Carta de Naciones Unidas no autoriza la revisión de tratados; b) que los medios pacíficos de solución de controversias autorizados por el "Pacto de Bogotá", que algunos han sugerido respecto de anunciadas gestiones bolivianas, no son aplicables a asuntos regidos por acuerdos o tratados que se hallaban vigentes cuando se celebró dicho pacto (esto es, en 1948).

Para concluir, una reflexión que puede ser útil a moros y cristianos: "cuando alguien no sabe a dónde quiere ir, siempre termina llegando a otro lugar".

Tomado de Diario El Mercurio.

Matthei: "Con razón muchos trabajadores odian a los empleadores. Esto no puede ser".

(Ministro del Trabajo se reunió con dirigentes sindicales de CENCOSUD)

Matthei: "Con razón muchos trabajadores odian a los empleadores. Esto no puede ser"

L. Castañeda, S. Celedón y J. Pizarro

"Estoy indignada; es de lo más grave que me ha tocado ver. Con razón muchos trabajadores odian a los empleadores. Esto no puede ser. Aquí ha fallado todo". Así reaccionó ayer la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, respecto al programa de TVN "Esto no tiene nombre", que denunció el encierro con candado externo de trabajadores nocturnos en algunos establecimientos de la cadena de supermercados Santa Isabel, del grupo Cencosud.

"Yo lo primero que quiero es escuchar la voz de los empresarios condenando esto. Creo que es lo mínimo que podemos pedir como país", fue su mensaje al sector privado.

Y el sector privado respondió, aunque la condena no fue tan dura como Matthei esperaba.

Tras conocer las declaraciones de la ministra, el presidente de la CPC, principal gremio empresarial, Lorenzo Constans, afirmó que era necesario "oír a todas las partes", y no realizar juicios apresurados. "Obviamente si hubo faltas y no se respetó la legislación laboral, no ampararemos ese tipo de abusos, de ninguna manera", sentenció, y agregó que ante situaciones complejas como ésta hay que averiguar el detalle y qué pasó con los protocolos.

Susana Carey, presidenta de Supermercados de Chile A.G., dijo que la situación denunciada por el programa de TVN es una situación "singular", y se mostró confiada en que Santa Isabel ha tomado las medidas correctivas y revisado las condiciones de sus locales. Además, aseguró que su gremio establecerá una mesa de trabajo con el ministerio para analizar esta situación.

A su vez, Cristián García-Huidobro, secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, llamó al sector privado a elevar los controles: "Es un momento oportuno para llamar a los empresarios a extremar los cuidados en todo lo que dice relación con los recursos humanos, con el fin de prevenir hechos que después debamos lamentar".

Al asumir su cargo, en febrero, Matthei anunció una fuerte fiscalización y la revisión de las multas, para lo cual de inmediato encargó un estudio cuyos resultados fueron entregados ayer por la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez.

"Tenemos situaciones en que dos mil empresas pagan el 50% de las multas", comentó, citando como faltas frecuentes las relativas a la jornada y contrato de trabajo, higiene y seguridad, remuneraciones y cotizaciones previsionales.

En el caso denunciado en el programa "Esto no tiene nombre", han prescrito las acciones legales. Las multas fueron de 40 UTM, y la multa máxima que establece la ley es de 60 UTM. "Comprenderán que esto es de una gravedad tal, que una multa máxima de $2.260.000 es un chiste", dijo Matthei.

Fiscalización más fuerte.

La ministra tiene contemplado reunirse con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Lorenzo Constans, y con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez.

Pero se abocó de inmediato a contactarse con representantes de los sindicatos de Cencosud, liderados por Isidro González, para indagar por qué no avisaron a la Dirección del Trabajo y si tienen algún tipo de temor.

El sindicalista valoró también que el hecho llamara la atención pública y recogió el compromiso de la ministra de acelerar las fiscalizaciones.

Además, los dirigentes se comprometieron a entregar a las inspecciones del trabajo antecedentes de eventuales abusos.

En el caso denunciado falló el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa, y también las mutualidades que deben trabajar con estos departamentos, sostuvo la ministra. No sólo eso dijo Matthei: "La Dirección del Trabajo tiene que fiscalizar, y no fiscalizó", agregó.

La situación dará lugar a modificaciones legales profundas y se estudiarán aumentos de las multas y posiblemente suspensiones o clausuras. "Además, esto va a dar origen a una actitud de exigencia con las empresas como hasta ahora no la han tenido", aseveró.

Tomado de Diario El Mercurio.