Chile está perdiendo la batalla contra la delincuencia...

Fuerte impunidad en delitos.

El que más del 90% de los robos y asaltos termine sin condenados ayuda a explicar por qué el país está perdiendo la batalla contra la delincuencia.

Un informe preparado por el Ministerio Público, y que fue dado a conocer por este medio, indica que el 93% de los delitos de robo y asalto cometidos terminan sin responsables condenados, lo que constituye una alarmante señal en términos de impunidad y refuerza por qué la ciudadanía siente un alto nivel de desamparo frente a la delincuencia.

En los últimos meses se han multiplicado los testimonios que dan cuenta no sólo de una mayor frecuencia en la comisión de delitos, sino también un mayor nivel de violencia hacia las víctimas. Los robos en lugar no habitado o los hurtos parecen estar fuera de control; así también está ocurriendo con el robo de vehículos. Pero aún más preocupante es que los asaltos a viviendas se produzcan impunemente con moradores, los que suelen ser objeto de graves golpizas por parte de los delincuentes, provocando un trauma de muy difícil superación. El fin de semana la crónica policial dio cuenta de numerosos atracos, que incluso alcanzaron a dos restaurantes del sector oriente de la capital, cuyos clientes fueron encañonados y obligados a entregar sus pertenencias.

Ninguna sociedad puede ser eficiente en el combate al delito si el sistema judicial deviene en impunidad, y sólo aquellos casos de “alta connotación” terminen en condenas efectivas. El actual sistema procesal penal, que acaba de cumplir una década en funciones, puede exhibir importantes logros en haber acortado la duración de los juicios y en lograr una cierta descongestión de las cárceles, mediante procesos abreviados o sistemas alternativos de cumplimiento de penas. Pero dichos logros no han ido a la par de una reducción significativa de la tasa de delincuencia. El que más del 90% de los robos quede en la impunidad es indicativo de las graves fallas que tiene el sistema, creando un círculo vicioso que alienta el delito, pues los delincuentes perciben que existe una muy baja probabilidad de que terminen condenados, desincentivando a su vez que la población denuncie.

Se argumenta como razón para justificar la falta de condenas la inexistencia de un imputado conocido. Aquí hay una evidente falla en el proceso de investigación, la que bien guiada por la fiscalía debería producir precisamente pistas que lleven a los responsables. La evidencia parece sugerir que en general los delitos tienden a ser cometidos por grupos bien determinados y no tanto por “primerizos”, lo que indica que en la medida que exista una investigación efectiva sería posible acumular antecedentes que permitan una posterior condena. Por ello el Ministerio Público debe revisar la política de archivar casos en aquellos delitos considerados “menores”, porque son éstos los que afectan más directamente al grueso de la población, y al no ser investigados -acción que sólo puede llevarla a cabo la Fiscalía-, sus hechores se benefician de la impunidad y el “costo” de delinquir aparece como algo menor.

Pero ciertamente cabe al Ministerio del Interior una responsabilidad primordial en la mantención del orden público. No puede pretenderse que cuando en zonas como La Araucanía se ha perdido por completo el imperio del estado del derecho, al cabo no comience a ocurrir algo similar en el resto del país. Si en definitiva no se respalda decididamente la acción policial con todos los medios a disposición, y la impunidad no es vista con la gravedad que amerita, el país irremediablemente pierde.

Editorial de Diario La Tercera del 21 de julio de 2015.