Chile y Bolivia: Altibajos de una relación

José Miguel Barros

En las relaciones chileno-bolivianas aparecen, a través de los años, signos de desentendimiento entreverados con apreciaciones optimistas. Teniéndolo en mente, hechos recientes nos inducen a resumir ciertas situaciones que conviene recordar aquí y en el vecino país.

No insistiremos en que cuando un cuarto de siglo después del inicio de la Guerra del Pacífico ambos países convinieron en un tratado de paz, creyeron que habían puesto un punto final a su prolongado desencuentro.

A comienzos del pasado siglo, se inicia una importante etapa en tal asunto con la venida a Chile del boliviano Félix Avelino Aramayo, quien no solamente trajo bases de arreglo, sino que además se empeñó en que ellas fueran consideradas por nuestro gobierno.

De allí derivó la finalización jurídica del conflicto, que se basaba en la aceptación, por parte de Bolivia, de la situación territorial existente al término del encuentro armado. Como contrapartida, ese Estado recibiría diversas compensaciones; entre ellas, un substancial aporte pecuniario chileno a la construcción de ferrocarriles que llevaren al Pacífico los productos bolivianos.

Las negociaciones terminaron en un tratado de paz y amistad, fechado a 20 de octubre de 1904, que fue aprobado por los parlamentos de ambos países y solemnemente ratificado por sus gobiernos. Hoy ha sobrepasado un siglo de vida; moral y jurídicamente está incólume.

En esa prolongada vida, tal vez el episodio internacional más significativo ocurrió en la Sociedad de las Naciones, organismo creado al término de la Primera Guerra Mundial. En su seno, el 1 de noviembre de 1920, el gobierno de Bolivia presentó una nota en la cual invocaba el artículo 19 del Tratado de Versalles para obtener "la revisión" de aquel tratado chileno-boliviano.

Para justificar su demanda, Bolivia mencionaba "la presión bajo la cual fue impuesto el tratado"; la inejecución, por parte de Chile, de algunos puntos fundamentales del tratado, y la existencia de "una permanente amenaza de guerra". Finalmente, argumentaba que, como consecuencia del Tratado de 1904, Bolivia había pasado a ser "un país absolutamente cerrado y privado de todo acceso al mar".

Los representantes chilenos Antonio Huneeus y Manuel Rivas Vicuña objetaron con firmes argumentos esta presentación boliviana. Adujeron, primeramente, que el Tratado de 1904 se había suscrito veintiún años después de la guerra, sin que mediara compulsión o presión chilena. Señalaron, además, que estaban cumplidas todas las obligaciones contraídas por Chile en dicho tratado.

Vale la pena transcribir textualmente el punto 4º de la nota chilena: "Bolivia renunció libre y espontáneamente en 1904 al territorio que mediaba entre nuestra primitiva frontera norte y la provincia de Tarapacá que pasó desde 1883 al dominio de Chile, el cual no podía dejar cortado su territorio. Chile ha dado a Bolivia todo el acceso al mar que está en su mano darle, construyéndole especialmente, y al exclusivo costo de Chile, el ferrocarril de Arica a La Paz. Bolivia será dueña de la sección boliviana de esta línea dentro de pocos años y transita libremente al mar por los puertos de Arica y Antofagasta. No es, pues, exacto que Bolivia sea un país enteramente clausurado y privado de todo acceso al mar".

En una comunicación ulterior, los representantes chilenos señalaron que la competencia de la Asamblea para revisar tratados estaba contemplada en el Estatuto de la Sociedad de las Naciones solamente para el caso de tratados que se hacían inaplicables y que el de 1904 no solamente no se había vuelto inaplicable, sino, por el contrario, estaba plenamente cumplido.

A estas gestiones, siguieron tres hábiles intervenciones del delegado Agustín Edwards MacClure, quien reforzó aquellos argumentos e insistió en la falta de competencia de la Asamblea para intervenir en esta clase de asuntos.

A la postre, el desarrollo del procedimiento resultó favorable a la posición chilena: una Comisión de Juristas determinó que la demanda boliviana era inadmisible porque la Asamblea de la Sociedad de Naciones no podía modificar por sí misma ningún tratado. Textualmente expresaba: "La modificación de los tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes".

Con estos antecedentes, Edwards MacClure formuló un llamado a Bolivia cuyo contenido tiene resonancias muy actuales: "Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas, libremente consentidas. Chile no le ha cerrado jamás esa puerta a Bolivia, y estoy en situación de declarar que nada nos será más agradable que contemplar directamente con ella los mejores medios para ayudar a su desarrollo".

Así concluyó, en 1921, este intento boliviano de poner en tela de juicio el Tratado de 1904.

Hemos recordado estos antecedentes porque, en los últimos días, altos voceros bolivianos han anunciado su intención de recurrir a organismos y tribunales internacionales respecto del mismo tratado.

Dentro del limitado espacio disponible, destacamos dos tópicos jurídicos que nos parecen atinentes: a) que, a diferencia del estatuto de la Sociedad de Naciones, la Carta de Naciones Unidas no autoriza la revisión de tratados; b) que los medios pacíficos de solución de controversias autorizados por el "Pacto de Bogotá", que algunos han sugerido respecto de anunciadas gestiones bolivianas, no son aplicables a asuntos regidos por acuerdos o tratados que se hallaban vigentes cuando se celebró dicho pacto (esto es, en 1948).

Para concluir, una reflexión que puede ser útil a moros y cristianos: "cuando alguien no sabe a dónde quiere ir, siempre termina llegando a otro lugar".

Tomado de Diario El Mercurio.