El nuevo enfrentamiento en Argentina.
La Presidenta y el ex Presidente Kirchner se resisten a desenvolverse dentro de los límites internacionalmente reconocidos y respetados por las democracias. Para conseguir sus objetivos se exponen a subvertir derechos fundamentales y trastornar instituciones, y son implacables con sus opositores y críticos. Los favorece el desequilibrio entre el fuerte poder presidencial y la debilidad de otras instituciones públicas argentinas. Esta asimetría les permitió disponer de una parte considerable de las reservas del Banco Central y expropiar los ahorros previsionales.
Beneficia a los gobernantes la expansión económica de Argentina, su ascenso en las encuestas, la división dentro de su partido y la fragmentación de la oposición. Atrás ha quedado el descenso en la popularidad de Néstor Kirchner, que terminó su mandato con 65 por ciento de aprobación, que descendió a 25 el año pasado, y ahora bordea el 35 por ciento. Con 40 por ciento de la votación y 10 puntos de diferencia de su eventual segundo oponente, podría ser electo nuevamente como Presidente, o bien, reelecta su cónyuge. Dentro y fuera de su partido, la lista de presidenciables alternativos es numerosa.
Las elecciones están previstas para octubre de 2011, y la maquinaria presidencial está en acción para obtener apoyo dentro del partido gobernante y para diezmar a sus opositores, entre ellos, a su decidido adversario, el grupo multimedial propietario del diario Clarín. El matrimonio gobernante ha asestado ya varios golpes a la prensa independiente. Ha recurrido a los más variados instrumentos para amagarla mediante la asignación política de la publicidad oficial, la nueva Ley de Medios, el control del acceso a la información y el favorecimiento a los diarios oficiales.
Esta semana dieron un paso más audaz, arriesgado y que muchos sostienen será contraproducente para sus autores. Indiferente al respeto de la libertad de expresión, la Presidenta propuso al Congreso declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diarios, para luego proceder a la completa estatización de Papel Prensa, perteneciente en 28 por ciento al Estado argentino y controlada en más de dos tercios por los diarios Clarín y La Nación. La papelera abastece el grueso de la producción local de papel de diarios. Además, denunció a la justicia a los directivos de ambos medios por supuesta complicidad criminal con el gobierno militar en abusos a los derechos humanos para adquirir la compañía. En opinión de la Mandataria, "quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa en Argentina". Los propietarios no se amedrentaron: respondieron que el gobierno quiere controlar la información a través del papel y denunciaron la persecución oficial basada en falsedades en los hechos y cargos, después de 34 años de haber sido legítimamente adquirida esa empresa.
El autoritarismo que practican los Kirchner, su desapego por las instituciones, la arbitrariedad de sus procedimientos y lo infundado de los cargos, más el evidente compromiso de la libertad de expresión, motivaron un amplio rechazo a las medidas y presiones presidenciales. Las empresas afectadas han recibido el apoyo unánime de la oposición política argentina y la solidaridad de la prensa mundial, a la que se sumó la Asociación Nacional de la Prensa de nuestro país.
La amenaza de estatización de esta empresa papelera recordó un intento similar en Chile, frustrado por un masivo movimiento ciudadano que defendió y apoyó a la empresa en peligro, durante el gobierno de Salvador Allende.
La inseguridad jurídica que se desprende de estos acontecimientos trasciende a la política del país vecino y a la observancia de derechos fundamentales en su territorio: impacta a su imagen externa y desalienta a los inversionistas, financistas, importadores y exportadores extranjeros, adversos a la politización, judicialización e intervencionismo estatal en las actividades productivas.
(Editorial de Diario el Mercurio del 30 de Agosto de 2010).
