Violencia mapuche ¿y las FARC?

Violencia mapuche ¿y las FARC?

Un informe del Gobierno anticipa que inminentemente recrudecerían acciones violentistas -tomas de predios, atentados incendiarios, cortes de caminos- en La Araucanía, y el Ministerio del Interior prepara medidas preventivas: ha citado a policías y expertos en inteligencia para abordar este tema y fortalecer la vigilancia; ayer tuvo lugar una nueva reunión del comité policial en La Moneda. Fuentes policiales han informado que la propaganda armada ligada a la causa mapuche buscaría mayor notoriedad en el corto plazo.

Todo lo anterior se produce en el contexto de la preparación de dos juicios orales en que hay imputados mapuches por atentados armados e incendiarios, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco. Los grupos activistas quieren demostrar que esos ataques no son de responsabilidad única de los comuneros actualmente procesados por la Ley Antiterrorista, y buscan dilatar los juicios para lograr atención internacional, así como ocasión para "reacomodar fuerzas".

Esto parece ratificar la importancia del dossier remitido hace pocos días por las autoridades colombianas y que obra ya en poder del Ministerio Público chileno. Según él, existiría vinculación de algunos sectores del movimiento mapuche con las FARC colombianas. Al parecer, se cuenta ahora con antecedentes que confirman la verosimilitud de esta especie e indicarían no sólo una vinculación accidental, sino incluso una actuación organizada en el proceso de formación de activistas violentos. Esto requiere un categórico esclarecimiento, y es de prever un próximo pronunciamiento del órgano encargado de la persecución penal en nuestro país.

Si en Chile operan organizaciones con vinculaciones terroristas, es imprescindible reconocerlo así y actuar en consecuencia. En la indecisa y confusa política seguida en el pasado frente a estos casos incide en parte una visión centralista: el que los hechos de violencia y sus víctimas se encuentren lejos del núcleo de toma de decisiones del país ha contribuido a que no se cobre conciencia generalizada del riesgo que representa este problema, así sea incipiente. Cohonestar actos terroristas o confundirlos con atendibles reivindicaciones de pueblos originarios es un error que podría costar muy caro al país. No cabe olvidar la trágica experiencia colombiana, ni la peruana en su hora, y es prudente observar los excesos a que han llevado las argumentaciones indigenistas en Bolivia. El referido dossier colombiano es un gesto de cooperación de las autoridades de ese país que debe ser valorado y, de confirmarse su fundamento, considerado en las decisiones que adopten las autoridades.

Se está aquí ante un problema que va más allá incluso de la necesidad de resolver las situaciones de marginalidad y pobreza que afectan a vastos grupos mapuches. Cuando proceda, la aplicación de la Ley Antiterrorista debe hacerse con máxima energía, sin distinguir entre las motivaciones que se aduzcan, sean ideológicas, indigenistas u otras.

Tomado de la sección editorial del Diario el Mercurio del 11 de agosto de 2010.