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El PC debe explicar su relación con las Farc.
De ningún partido político se aceptaría que tuviera vínculos con una organización terrorista. El Partido Comunista no puede ser la excepción
(Editorial de Diario La Tercera)
LA FISCALIA NACIONAL de Colombia ha enviado a las autoridades chilenas un documento en el cual vincula a siete dirigentes del Partido Comunista chileno -entre ellos, su presidente y su secretario general, ambos diputados- con la organización terrorista de las Farc. Ante los emplazamientos del gobierno y del oficialismo, éstos han acusado una operación política en su contra y lo mismo han hecho varias figuras relevantes de la Concertación, pero sin entregar argumentos que refuten la tesis de la fiscalía colombiana. Desde el PC, además, tampoco se ha repudiado explícitamente la posibilidad de nexos con las Farc como algo incompatible con su calidad de partido democrático, en una actitud ambigua respecto de la naturaleza criminal de esa organización.
No puede haber duda de que, ante imputaciones de este tipo hechas formalmente por la justicia de otro país -sin que exista razón para atribuir otro propósito que la búsqueda de que se investiguen delitos graves-, cabría esperar del PC, en primer lugar, un esfuerzo por presentar argumentos que desmientan su veracidad. Un partido con representación parlamentaria debe dar explicaciones cuando una acusación seria le imputa estar asociado con una agrupación que la comunidad internacional califica de terrorista, que se financia protegiendo el narcotráfico y secuestrando a personas, que no vacila en asesinar a inocentes con la instalación de coches bomba y que ha buscado desestabilizar al Estado colombiano por décadas.
La Concertación, en especial aquellos sectores que evalúan la posibilidad de un pacto electoral con el PC de cara a futuras elecciones, debe exigir que se aclaren los hechos y que exista una condena explícita a ese movimiento guerrillero. Argumentar, como lo han hecho dirigentes comunistas, que los nexos del partido con las Farc han sido de carácter "político" y no "operativo", implica otorgarles una legitimidad que ningún actor democrático reconoce.
Otra arista de la investigación colombiana es la relación entre las Farc y grupos que, bajo la bandera de reivindicaciones de pueblos originarios, han adoptado en el sur de Chile la vía violenta para exigir lo que consideran sus derechos. Se han conocido antecedentes que apuntan a militantes comunistas como enlaces entre la guerrilla colombiana y estos grupos, donde resulta particularmente grave la denuncia de que algunos de sus integrantes hayan recibido instrucción militar de las Farc en el territorio que éstas controlan.
La pretensión del PC en orden a tener participación en la vida política chilena, particularmente en el Congreso, debe tener como contrapartida la mantención de una actitud clara y explícita de rechazo a grupos terroristas como las Farc. Quienes desde la oposición han dado su apoyo para permitir esa participación parlamentaria, deben evaluar con atención la reacción de ese partido ante las imputaciones que se le están haciendo desde el Poder Judicial de otro país.
No es aceptable que un partido político chileno sostenga relaciones con una agrupación que utiliza la violencia como método de acción. La renuencia del Partido Comunista a condenar sin matices a las Farc y a romper sus vínculos con ese grupo guerrillero lo pone en una situación que debe ser aclarada por sus dirigentes ante la opinión pública.
La imagen no corresponde al editorial de Diario La Tercera que reproducimos.
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