Los detractores acusaron a Fernández de haber
abogado -hace años- por la privatización de YPF.
Las
preguntas incómodas que
afronta Cristina Fernández por YPF.
Cuando
la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el
pasado lunes su decisión de expropiar la principal petrolera del
país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) -mayoritariamente en
manos de la española Repsol- dedicó su anuncio a su fallecido
esposo, Néstor Kirchner.
"Él
siempre soñó con recuperar YPF para el país", dijo la
mandataria sobre quien fue su antecesor en la presidencia entre 2003
y 2007, y murió en 2010.
El
discurso fue recibido con aplausos y cánticos por los simpatizantes
del gobierno. Sin embargo, causó honda preocupación entre algunos
sectores de la oposición y analistas que advierten que podría
causar un serio problema con España, el principal inversor
extranjero en Argentina.
Pero
además de cuestionar la decisión, los detractores de la presidenta
también acusaron a Fernández de hipocresía.
Y
es que tanto la jefa de Estado como su marido abogaron por la
privatización de YPF cuando ejercían cargos públicos en la
provincia patagónica de Santa Cruz.
Documentos
legislativos revelados por la prensa muestran que en 1992 la entonces
diputada provincial en Santa Cruz presentó un proyecto que declaraba
la necesidad de que la petrolera pasara a manos privadas.
También
Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, instó a los
legisladores de su provincia a que respaldaran el proyecto
privatizador impulsado por el presidente peronista Carlos Menem, y
que eventualmente llevaría a que la petrolera pase a manos privadas.
En
1999, los Kirchner también avalaron la venta de las acciones del
Estado y de Santa Cruz a Repsol.
Vaciamiento.
A
pesar del cambio de postura, muchos kirchneristas sostienen que no
puede juzgarse a la mandataria por una decisión que tomó hace 20
años, ocupando otro cargo y en otro momento político del país.
Pero
los críticos de la presidenta sostienen que esto no es lo más grave
que se le puede achacar a Cristina Fernández. Según ellos, la
contradicción mayor es que fue la política energética implementada
en la última década por el kirchnerismo la que generó la crisis
energética que ahora justifica la expropiación de la petrolera
española.
El
gobierno explicó su decisión de quedarse con el 51% de las acciones
que posee Repsol con el argumento de que la empresa española "vació"
la petrolera, al repartir la mayor parte de sus utilidades en vez de
reinvertirlas.
Pero
varios legisladores de la oposición acusaron al propio gobierno de
haber avalado ese "vaciamento".
La
diputada y ex candidata presidencial de la Coalición Cívica (CC),
Elisa Carrió, se presentó ante la Justicia para denunciar que el
representante del Estado en el directorio de Repsol YPF, Roberto
Baratta, aprobó los estados contables, memorias y plan de
inversiones por unanimidad, hasta 2011.
Recordó,
además, que el Estado podía objetar decisiones de la compañía por
poseer la llamada "acción de oro".
"El
Estado argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que deje
de liquidar en el país hasta el 70% de los obtenido por sus
exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la empresa",
denunció Carrió ante un juez federal.
"Argentinización"
de YPF
Durante
una acalorada sesión en el Congreso, el martes, algunos legisladores
también cuestionaron el papel que jugó en la empresa un aliado del
kirchnerismo: el argentino Sebastián Eskenazi, gerente general de
YPF y dueño junto con su familia del 25% del paquete accionario de
la empresa.
La
llegada del Grupo Petersen -controlado por los Eskenazi- fue
orquestada en 2007 por el presidente Kirchner, como parte de una
estrategia para "argentinizar" la petrolera.
"¿Por
qué (el gobierno) no mencionó la responsabilidad de la familia
Eskenazi? ¿Por qué se expropia solamente la parte española?",
objetó el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo
Morales.
Por
su parte la senadora del CC María Eugenia Estenssoro, remarcó que
el acuerdo que posibilitó el ingreso de los Eskenazi dio a Repsol
vía libre para repartir utilidades.
Y
denunció que "en 2009 y 2010 se aprobaron balances
correspondientes a 2008 y 2009 en los que se decidió la remisión de
utilidades del 255% y del 140%, respectivamente", algo que se
contradice con la política de reinversión supuestamente alentada
desde el gobierno.
Los
legisladores hicieron hincapié en un detalle aún más
comprometedor: la forma de pago por la que se acordó el ingreso de
los Eskenazi (ingreso que además fue criticado por la falta de
experiencia de ese grupo en el sector petrolero).
El
Grupo Petersen no pagó por las acciones que compró, sino que se
acordó con Repsol que esa deuda fuera cancelada con los dividendos
futuros, algo que -según los detractores- impulsó el reparto de
utilidades.
Crisis
energética.
En
una exposición ante el Senado, los dos funcionarios designados por
la presidenta como interventores en YPF, el ministro de Planificación
Federal, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel
Kicillof, defendieron la decisión del gobierno.
os
funcionarios destacaron que en la última década la producción de
petróleo en Argentina se redujo a la mitad, algo que atribuyeron a
la falta de inversión. Y señalaron que esa caída llevó a que
Argentina perdiera su autoabastecimiento energético.
"El
déficit energético de la Argentina se encuentra estrechamente
asociado a la política desarrollada por Repsol", aseguró De
Vido.
Por
su parte, Kicillof acusó al presidente de Repsol, Antonio Brufau, de
exigir un precio para la venta del petróleo "a tono con el
precio mundial" y de rehusarse a abastecer el mercado argentino
a los precios que exigía el gobierno: entre la mitad y dos tercios
de su valor internacional.
"(Repsol
YPF) es una empresa que tiene que alinearse a un modelo de
crecimiento y que no hemos logrado que lo haga", dijo.
Según
explicó el funcionario, el precio del barril no debe calcularse
según su costo de mercado sino según "los costos de las
empresa" en Argentina.
Sin
embargo, expertos con los que habló BBC Mundo afirmaron que es
justamente la política de precios bajos aplicada por el kirchnerismo
desde 2003, lo que llevó a una falta de inversión y a la grave baja
en la producción.
"La
decisión del gobierno de mantener prácticamente congeladas las
tarifas de gas y petróleo en los últimos diez años es una de las
causas principales que explican por qué se redujo la explotación de
hidrocarburos", afirmó el consultor energético Daniel Gerold,
de G & G Energy Consultants.
"Contradicción".
La
senadora Estenssoro –cuyo abuelo fue uno de los fundadores de YPF
en 1922, y su padre dirigió la petrolera- cuestionó la capacidad
del gobierno para hacerse cargo de YPF.
En
particular la legisladora consideró una "contradicción"
que se designe como interventor al mismo funcionario que desde 2003
tiene a su cargo la política energética del país, Julio De Vido, a
quien consideró responsable de la pérdida del autoabastecimiento
energético.
"De
exportar hidrocarburos pasamos a ser un importador neto. ¿Todo ese
plantel va a liderar la recuperación de YPF? Es algo insólito",
afirmó.
Hablando
en representación del gobierno, Kicillof desmereció las críticas
sobre la política energética oficialista.
"Las
políticas fueron exitosas, pero insuficientes. Por eso ahora se
avanza en esta dirección", argumentó.
También
se defendió de quienes le reprocharon el manejo estatal de
Aerolíneas Argentinas, otra empresa expropiada a una empresa
española (en 2008), que actualmente reporta pérdidas de US$2
millones por día.
El
funcionario pidió un voto de confianza en el Estado.
"Cuando
hay una crisis lo peor que se puede hacer es pensar que el Estado es
el problema. El Estado es la solución", aseguró.
Tomado
de BBC Mundo, redactado por Veronica Smink, Argentina.
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