Acusaciones sobre pensiones a exonerados políticos
Es necesario que se investiguen a fondo las denuncias y si procede la entrega de los beneficios a todas las personas que hoy los reciben.
Una investigación periodística llevada a cabo por el programa Contacto, de Canal 13, ha revelado la existencia de personas que, pese a no cumplir los requisitos, recibieron apoyo de parlamentarios de la Concertación para acceder a pensiones vitalicias en calidad de exonerados políticos. Se trata de una denuncia grave, que amerita una investigación seria de parte de la justicia, así como la adopción de medidas de parte del Ejecutivo, para revisar si quienes perciben actualmente el beneficio reúnen las condiciones para ello.
Los parlamentarios acusados por el programa de televisión, entre los que se encuentra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, han sostenido que actuaron de buena fe y que, si bien pueden existir algunos casos en los que hay situaciones irregulares, éstos constituirían la excepción. Es positivo que la Cámara haya decidido crear una comisión investigadora para echar luz sobre el tema y que la Comisión de Ética vaya a revisar las acusaciones vertidas contra parlamentarios. Si bien quien califica la calidad de exonerado político es el Ministerio del Interior, no resultaría admisible que algunos parlamentarios se prestaran para simulaciones que vulneran la ley y obedecerían a una muy baja forma de clientelismo político.
A partir de lo dispuesto en la Ley 19.234, promulgada en 1993, el Estado creó el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, con el objetivo de identificar y entregar ayuda económica a quienes habrían perdido su puesto laboral por razones políticas luego del 11 de septiembre de 1973. Más de 257.000 personas postularon a los beneficios, siendo 157.650 casos declarados admisibles, aunque no todos ellos reciben una pensión. Actualmente, el Estado destina cerca de $ 12.000 millones mensuales al pago de pensiones por este concepto.
Todo indica que, lamentablemente, alrededor de un sistema concebido para reparar a personas que pudieron ser injustamente despedidas se habría creado lo que el subsecretario del Interior califica como "una verdadera industria de pensiones vitalicias". A través de declaraciones improcedentes y la entrega de antecedentes insuficientes o derechamente falsos, personas que no reúnen los requisitos habrían accedido a la ayuda. De acuerdo con lo señalado por el senador DC Hosaín Sabag, en muchos casos fueron asistidas por organizaciones que cobraban un porcentaje de la asignación estatal a cambio de su tramitación ante las autoridades, grupos que habrían actuado con especial fuerza en algunas zonas del país donde existe un número irregularmente alto de personas que obtuvieron pensiones.
Lo que corresponde ante aseveraciones de esta magnitud es que se investigue si tales redes existen y que la autoridad revise la procedencia de los beneficios que hoy se pagan. Mientras diputados oficialistas han solicitado la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para indagar las denuncias (petición que fue rechazada por el fiscal nacional, quien ofreció en su lugar uno de dedicación preferente), el gobierno anunció que hará una revisión exhaustiva de más de 50 mil casos de beneficiarios, destinando para ello un equipo a tiempo completo.
Una medida que contribuiría a evitar el mal uso de este tipo de beneficios es que exista un registro público, donde se incluyan todos los beneficios que el Estado paga a las personas, a fin de minimizar la posibilidad de fraudes y facilitar la fiscalización.
(Editorial de Diario La Tercera.)
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