Constitucionalidad de la reforma electoral.
En Chile
todas las personas son iguales en dignidad y derechos, según lo declara la
Constitución Política de la República en su primer artículo. Pese a ello, según
lo afirman un profesor de derecho Constitucional, Máximo Pavez, y un experto
electoral, Andrés Tagle, la reforma electoral que impulsa el Gobierno para
cambiar el sistema binominal asigna arbitrariamente los escaños de Diputados,
dando mayor representación a unos que a otros y haciendo que sus votos no
tengan igual valor.
Si bien
no existen sistemas de representación perfectos, pues resulta imposible diseñar
una regla que refleje correctamente las preferencias sociales, ciertos principios
de razonabilidad deberían siempre cumplirse. La regla general puede ser la
representación de las poblaciones en forma proporcional, pero si no es posible
mantenerse apegado a ella, cada vez que la Ley se aparte tendrá que hacerlo por
buenas razones, que deben quedar expresamente señaladas y sometidas a
discusión. Así, se ha entendido que puede haber razones geopolíticas para darle
una sobrerrepresentación a determinadas Regiones limítrofes, o que serían
aceptables, incluso, normas que fijen cuotas especiales para grupos
minoritarios, con la finalidad de asegurar una mayor integración nacional. Los
autores del crítico estudio, sin embargo, afirman que existe una arbitrariedad
en la asignación de escaños de Diputados, según los nuevos Distritos que propone
la iniciativa del Ejecutivo, lo que implicaría que se está cayendo en un vicio
de inconstitucionalidad. "Allá donde no hay explicación racional existe el
capricho y, por ende, la arbitrariedad. Donde hay arbitrariedad, se violenta la
Constitución", afirman.
El
estudio analiza lo que ocurre en diversos Distritos del país, revelando que en
muchos casos existen representaciones que no se ajustan a ningún patrón
discernible, salvo que existieran motivaciones políticas para favorecer a
determinadas Regiones sobre otras. Así, por ejemplo, el número de representados
por cada Diputado puede variar desde 50 mil en la Tercera Región a 154 mil en
La Florida y Puente Alto, tomando como base la población que habita en ambas
localidades según el censo del año 2002. Pero aun comparando las cifras solo
dentro de las Regiones, excluyendo la Región Metropolitana, también se observan
variaciones que no parecen justificadas. En la Sexta Región Sur, por ejemplo,
se elige un Diputado solo cada 82 mil habitantes, debido a que con una
población superior a la de la Tercera Región elige un Diputado menos.
La
reforma electoral que se está tramitando interesa vivamente a los Diputados y Senadores,
puesto que influirá en forma decisiva en sus propias vidas futuras.
Naturalmente este hecho provoca conflictos de interés insuperables que
introducen profundas distorsiones. El Gobierno, en su afán de sacar adelante
esta modificación, parece haber buscado formas de acomodar a los actuales
miembros del Congreso, lo que explicaría que hayan surgido propuestas que
parecen contrarias al orden Constitucional.
La
ciudadanía puede haber creído muchas de las críticas que se han hecho al
sistema binominal, pero a medida que se estudian sus reemplazos, comienza a
observar los defectos de los sistemas propuestos. En este terreno, al igual que
en otras reformas planteadas por el Gobierno, se repite la historia de que con
mayor información las mayorías comienzan a cambiar. En este caso, la situación
puede ser aún más extrema debido al interés natural de los congresistas en sus
propias perspectivas electorales. Cómo va la reforma, recaerá en el Tribunal
Constitucional la responsabilidad de autorizar los cambios que podrían resultar
contrarios al texto de la Carta Fundamental.
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