Mientras los apoderados y los sostenedores
luchan por la libertad de la educación, el Gobierno se ha empecinado en
Estatizarla, con lo que no mejorará el sistema y se transformará en un medio de
concientización de nuestros jóvenes.
Una reforma
que cierra colegios,
por Gonzalo Müller.
La semana pasada, tras intensos debates, la
comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó, introduciendo cambios,
el proyecto de Ley más importante de la reforma educacional del Gobierno. El
proyecto original y las indicaciones aprobadas por el ala más radical de la
Nueva Mayoría abren la puerta a que muchos sostenedores, contra su voluntad y
pese a las garantías recibidas por parte del Ejecutivo, se vean obligados a
cerrar sus colegios.
Si la reforma educacional propuesta por el
Gobierno ha debido enfrentar una creciente oposición es básicamente por dos
razones: primero, por las dificultades que ha significado implementar los
eslóganes de campaña con los que se ganó la elección en proyectos concretos, y,
segundo, la desconfianza que los padres y apoderados, estudiantes, sostenedores
y profesores tienen respecto del Ministro Eyzaguirre y su permanente confusión
o falta de claridad de hacia dónde avanzar con estos cambios. El mejor ejemplo
de lo anterior es que Parlamentarios del oficialismo votaron en varias
oportunidades contra las argumentaciones de su propio Ministro.
La reforma educacional aparece secuestrada por
la discusión del fin al lucro, llegando a establecer esta actividad, hasta
ahora lícita en la educación escolar, como un delito. De esto se hacen cargos
testimonios como el del profesor José Luis Velasco, quien en una carta a El
Mercurio desde Temuco nos cuenta cómo asumió y saco adelante un colegio que es
hoy un aporte a su comunidad, especialmente para los alumnos más vulnerables, y
que si no fuera por su trabajo no podrían elegir nada fuera de la educación Municipal.
Cómo va entender él que esta reforma educacional, en vez de apoyarlo en
asegurar calidad, hoy quiera criminalizar la actividad que ha sido el orgullo
de su vida y por la que es ampliamente reconocido por padres y apoderados de su
colegio.
Este desprecio por el esfuerzo de cientos de
profesores como José Luis Velasco por parte de ciertos sectores del Gobierno
cuando se dirigen a la educación particular subvencionada hace entendible que
muchos de ellos estén pensando seriamente en no seguir con sus proyectos
educativos, perjudicando así directamente tanto la calidad como la variedad de
la oferta educativa en muchas comunas.
La responsabilidad de la Presidente Bachelet en
esta materia es indelegable, no sólo por la debilidad política del Ministro de
Educación, sino porque ella mejor que nadie sabe que una mala reforma
educacional, que pueda traducirse en un cierre masivo de colegios, puede tener
un efecto devastador sobre su legado y generar un divorcio permanente entre la
clase media, que soportará las consecuencias de estos errores, y su Gobierno.
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