jueves, 22 de marzo de 2012

Amnistía Internacional denuncia nueva estrategia de acoso de la dictadura castrista a la disidencia en Cuba.


Las Damas de Blanco volvieron a ser hostigadas
 después de la liberación de sus esposos en 2010.
 
 
Amnistía Internacional denuncia nueva estrategia de acoso
de la dictadura castrista a la disidencia en Cuba,
por Fernando Ravsberg, La Habana.



A pocos días de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, el gobierno de la isla parece estar utilizando una nueva estrategia contra los disidentes: las detenciones breves.


Así lo denunció la organización Amnistía Internacional (AI), que habló de "el acoso y las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros de toda Cuba, que han experimentado un brusco aumento en los últimos 24 meses".


Los disidentes cubanos creen que las detenciones de corta duración son una nueva estrategia del gobierno para impedir que la oposición -incluyendo a las Damas de Blanco, que protestan cada domingo en La Habana- se manifieste en las calles.


AI afirma que, tras la liberación de presos de conciencia de 2010, "las autoridades agudizan su estrategia de silenciar a la disidencia mediante el acoso a activistas y periodistas, a los que se somete a detenciones breves y actos públicos de repudio".


El gobierno cubano considera a los disidentes como mercenarios al servicio de Washington pero, cuando BBC Mundo solicitó conocer la versión oficial, respondieron -como es habitual- que no habría comentarios al respecto.


El informe de AI fue publicado cuando sólo faltan unos días para que el papa Benedicto XVI llegue de visita a Cuba.


Detenciones breves
En el reporte, AI asegura que "en Cuba, las críticas al gobierno no se toleran, y se castigan sistemáticamente con detenciones breves y arbitrarias, "actos de repudio" (…), intimidación, acoso y procesamientos penales de motivación política".


Miriam Leiva -periodista disidente y Dama de Blanco hasta 2008- explicó a BBC Mundo que "el gobierno ha optado por detenciones de corto tiempo para evitar la conmoción internacional que tuvieron los juicios de 2003 con condenas de 20 y 30 años".


"Es evidente que el gobierno no quiere ninguna actividad política en la calle porque la situación es bastante tensa y hay mucho disgusto en la población", explica Miriam, esposa del economista Oscar Espinosa, uno de los condenados en aquellos juicios.


El dirigente opositor Héctor Palacios sostiene que "esto indica que el gobierno sigue cerrándose ante los reclamos, porque las Damas de Blanco continúan haciendo lo mismo que hacían antes y viste con qué brutalidad las trataron".


Agrega que a esto se suma "el Cardenal y la cúpula católica que han caído en la trampa facilitando esta situación tan bochornosa, que fue mandar a la policía para sacar del templo a personas que van a pedirle a la Virgen que la situación del país cambie".


Palacios se refiere a la ocupación de varias iglesias católicas por grupos de disidentes hace una semana.


Tras la negativa de abandonar los templos, el Cardenal Jaime Ortega pidió a las autoridades que los desalojaran.


Nuevos prisioneros de conciencia
Amnistía denuncia miles de detenciones arbitrarias de corta duración, pero las fuentes en que sostiene la investigación manejan diferente cifras, que oscilan entre las 2700 y las 3800.

Asimismo, habla de palizas a los detenidos pero no cita ningún caso en concreto.


La organización recientemente registró como prisioneros de conciencia a 8 personas, las primeras después de la liberación masiva de 2010.


Reclama su inmediata e incondicional puesta en libertad, dado que fueron detenidos por "su ejercicio pacífico de la libertad de expresión".


Exigen también que cesen el acoso y la persecución contra activistas de DDHH, periodistas independientes y críticos del gobierno y que no se detenga a nadie "por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión".


Demandan el fin de las Brigadas de Respuesta Rápida y de los actos de repudio contra las personas que expresan opiniones contrarias al gobierno, y piden que "reformen la legislación que limita indebidamente el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación".

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