Los Estados pueden actuar en defensa propia,
pero deben medir del uso de la fuerza de
modo que sea proporcional. Los objetivos
civiles están prohibidos bajo las Leyes
internacionales.
Conflicto
en Gaza: lo que dice la Ley.
El atentado con bomba en un autobús en la ciudad
israelí de Tel Aviv, con un saldo de al menos diez heridos, es el más reciente
episodio de violencia en el conflicto entre Israel y los palestinos, que
recrudeció en la última semana.
Lo que atizó la hoguera en esta ocasión fue el
operativo llevado a cabo el 14 de noviembre por las fuerzas de Defensa de
Israel, que acabó con la vida del principal Jefe militar de Hamas, Ahmed
Jabari.
Los ataques desde ambos lados de la frontera que
han tenido lugar desde entonces han dejado cerca de 120 palestinos muertos en
la Franja de Gaza y cinco víctimas israelíes. Además, el recrudecimiento de la
violencia ha puesto nuevamente en entredicho no sólo la dificultad de encontrar
una salida Diplomática a la crisis.
Ambas partes esgrimen fundamentos legales para
justificar su posición pero, ¿están amparadas por la Ley las acciones de Israel
y las de Hamas?
En defensa propia.
Israel justifica su ofensiva, bautizada
Operación Pilar de Defensa, con el argumento del derecho a la defensa propia.
Éste es un derecho fundamental de la Ley internacional, tal y como lo explica
el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
Nadie pone en duda el derecho de un Estado a
defenderse de un ataque armado. No obstante, existe un debate sobre qué
intensidad debe tener este ataque para que la nación afectada pueda recurrir a
la fuerza.
El problema radica en determinar quién tiró la
primera piedra.
Los críticos de la postura de Israel, le explicó
a la BBC Guglielmo Verdirame, del Departamento de Estudios de Guerra de la
Universidad King's College, de Londres, sostienen que el derecho a la defensa
propia sólo puede esgrimirse cuando el atacante es otro Estado y no una entidad
como en el caso de Gaza, que no está aceptada como Estado palestino.
Por otra parte, hay quienes mantienen que Gaza
aún está ocupada por Israel, a causa del bloqueo, y, por tanto, Israel no tiene
derecho a argumentar defensa propia ya que la agresión proviene de un
territorio ocupado.
A este planteo Israel responde que se retiró de
Gaza en 2005.
Desde el punto de vista legal, un
"bloqueo" y una "ocupación" son conceptos diferentes según
la Ley internacional. La combinación de los dos es nueva y encuentra problemas
de lógica cuando quienes lo usan caracterizan una incursión terrestre como una
"invasión".
Respuesta proporcional
Dejando a un lado la validez en torno al derecho
de aplicar el concepto de en defensa propia, éste no es el equivalente a un
cheque en blanco: la ley internacional avala el uso de la fuerza solo en la
medida en que sea proporcional y necesaria.
Y esto, en algunos casos, puede llegar a
significar el uso de más fuerza militar de la que fue empleada en el ataque
original. En otros casos, puede ser menos. Es decir, no se trata de "ojo
por ojo, diente por diente".
Combatientes vs. civiles
Un principio clave en las leyes que regulan los
conflictos armados es el de distinción o diferenciación: las partes deben
diferenciar en todo momento entre los combatientes y los civiles.
Los ataques contra civiles o blancos civiles
están prohibidos. Los ataques pueden perpetrarse únicamente contra combatientes
o no combatientes que participan directamente en las hostilidades, y contra
objetivos militares.
Este principio prohíbe actos de violencia o
amenazas dirigidas a atemorizar a la población civil, así como ataques que, por
su propia naturaleza, no pueden estar dirigidos a un objetivo militar
específico.
En este sentido, explica Verdirame, los cohetes
lanzados desde Gaza hacia el sur de Israel estarían violando esta Ley.
Proporcionalidad.
¿Puede justificarse el ataque a un edificio que
contiene un objetivo militar, como una plataforma para lanzar cohetes, pero
está habitado por civiles?
Si se pueden perder vidas civiles o causar daños
materiales en una propiedad civil, los atacantes deben evaluar si los
beneficios militares superan los riesgos para la propiedad civil.
En algunos casos, por ejemplo, la Justicia
determinaría que no es legal atacar un blanco, por más legitimo que sea, si los
daños colaterales en la población civil pueden llegar a ser desproporcionados
en relación a lo que se ganaría atacando dicho blanco.
Un atacante que tenga como misión destruir un
objetivo militar en la Franja de Gaza, un área de apenas 40 kilómetros de largo
y diez de ancho, con una densidad de población extremadamente elevada, está en
la obligación de hacer todo lo posible para verificar la naturaleza de su
blanco y evitar errores.
Como evidencia de sus esfuerzos para cumplir con
estas normativas, Israel dice que antes de un ataque distribuye panfletos o
alerta a los residentes. Sin embargo, los críticos objetan que estos métodos no
son efectivos y que tampoco sirven para evitar la destrucción de propiedades
civiles.
Obligaciones
Una acusación frecuente contra Hamas es que pone
en peligro deliberadamente a sus ciudadanos, al esconder sus objetivos
militares entre la población civil.
De ser así, se trata de una violación seria a
las leyes que regulan los conflictos armados. Sin embargo, éste no es un argumento
que le permita a Israel no cumplir con su obligación de tomar todas las
precauciones necesarias para minimizar la pérdida de vidas civiles.
Todas las fuerzas armadas, incluyendo las
Fuerzas de Defensa de Israel, cuentan con especialistas en leyes de guerra, que
participan en las discusiones para aprobar o vetar un blanco.
Pero, en última instancia, la legalidad en
cuanto a la elección de un objetivo en particular, dependerá de quién tiene
razón sobre lo que pasó. ¿Era realmente un objetivo militar genuino? ¿Era
posible, dadas las circunstancias, destruir el blanco y evitar a la vez víctimas
civiles?
Establecer los hechos durante un conflicto
armado o incluso después no es tarea fácil. Sin embargo, cuando el atacante
deliberadamente ataca un blanco civil no hay versión de los hechos capaz de
justificar sus acciones bajo las leyes del conflicto armado.
Sin duda, el de la legalidad es un terreno gris.
Hay que recordar, dice el especialista del King's College Guglielmo Verdirame,
que lo mejor que puede hacer la ley, a lo sumo, es reducir el sufrimiento
humano, más no eliminarlo.
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