Entre muchas propuestas algunos Estados votarán
por la legalización de matrimonio homosexual,
por la legalización de la marihuana, por el fin de
la pena de muerte o la aprobación del suicidio
asistido etc.
No sólo Presidente: las otras propuestas que se votan en EE.UU.
Valeria Perasso, BBC Mundo,
California.
Aunque las miradas están puestas en el demócrata
Barack Obama y su rival republicano, Mitt Romney, los estadounidenses deberán
decidir mucho más que el nombre de su próximo Presidente cuando vayan a las
urnas este 6 de noviembre.
A los puestos públicos en juego, se suman las
llamadas iniciativas Estatales, conocidas en inglés como ballot measures, por
las que deberán pronunciarse los ciudadanos: un total de 176 en el país.
Y las disputas en torno a estas propuestas han
dado lugar a verdaderas guerras de campaña: avisos de radio y TV y páginas
enteras en la prensa escrita subvencionados por distintas organizaciones
civiles, empresas o grupos de lobbistas y destinados a promover un "Vote
sí" o "Vote no", según el caso.
California, Florida y Alabama, con 11 medidas
cada uno, son los Estados que mayor uso darán a esta herramienta del sistema
electoral estadounidense, que funciona con la lógica de un referendo y define
cuestiones con frecuencia más cercanas a la vida cotidiana de los votantes que
las que se dictan desde Washington.
En el listado hay de todo: desde cuestiones
técnicas –como la duración del mandato de los Alguaciles- a temas que podrían
marcar puntos de inflexión en la sociedad entera, como el aborto o la
eutanasia. BBC Mundo le presenta aquí seis de las más controvertidas… y un
puñado de las más curiosas.
Matrimonio
gay: ¿llegó la hora?
Los habitantes de cuatro Estados decidirán en
noviembre su postura frente al casamiento entre personas del mismo sexo. Un
tema que no es nuevo, pero que ha marcado como nunca la campaña Presidencial de
2012: mientras que los republicanos se oponen, el mandatario demócrata se
declaró a favor en un discurso público de mayo pasado.
La treintena de iniciativas presentadas en el
pasado para lograr el reconocimiento del matrimonio gay en distintos Estados
fueron fracasos rotundos, mientras que en otros se lograron avances pero por la
vía Legislativa: hasta ahora, ningún territorio estadounidense ha aprobado la
unión mediante votación popular.
"¿Quiere usted habilitar al Estado de Maine
para emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo?", se lee en
la papeleta de este territorio del noroeste. De ganar el "sí", el Gobierno
de Maine se convertiría en el primero en legalizar el casamiento igualitario
desde las urnas, tras rechazarlo en un referendo de 2009.
En Washington y Maryland, en tanto, los
ciudadanos se pronunciarán sobre si deben mantenerse las leyes aprobadas
recientemente por las respectivas Legislaturas Estatales para extender los
derechos matrimoniales a parejas de gays y lesbianas.
Minnesota, en cambio, votará una posible
enmienda constitucional para definir al matrimonio como la unión entre un
hombre y una mujer, prohibiendo en consecuencia los de personas del mismo sexo
desde la carta magna Estatal.
Los analistas señalan que la elección podría
marcar un momento de quiebre: las encuestas nacionales revelan un apoyo
mayoritario y sostenido para el casamiento entre homosexuales (54% de los
estadounidenses, según una medición de mayo de NBC/Wall Street Journal).
Marihuana
para todos.
Washington, Oregon y Colorado están en carrera
para ser el primer Estado del país en legalizar la marihuana con fines
recreativos: según las encuestas, Washington es el que más cerca estaría de
lograrlo.
Allí, la Iniciativa 502 -como se denomina a la
impulsada por el lobby New Approach Washington- ha generado menor oposición a
las dos similares que se juegan en Oregon y Colorado: entre 51% y 57% de los
votantes locales estaría a favor, según distintas encuestas, y alrededor de 41%
en contra.
De prosperar, se volverá legal tanto la
producción como la posesión y la distribución de cannabis, al tiempo que se
gravará la venta, sólo habilitada para mayores de 21 años y bajo el control del
ente que supervisa la comercialización de alcohol.
La avanzada podría, sin embargo, generar
conflictos con el Gobierno Federal, que tiene a la marihuana en la lista de
sustancias prohibidas: una disputa de poder entre la órbita Estatal y la Nacional,
que ya se ha visto en aquellos Estados cuyas legislaturas aprobaron la
marihuana con fines medicinales.
Hay 17 territorios que contemplan su uso
terapéutico y dos más podrían sumarse: Arkansas y Massachusetts tienen sendas
ballot measures sobre marihuana medicinal por definir el próximo martes.
La muerte, a
votación.
Dos de las iniciativas versan sobre la muerte:
pena capital en California y suicidio asistido en Massachusetts.
La Proposición 34 californiana intenta ser la
vía para que este estado, que se jacta de su mentalidad progresista, sea el
número 18 en el país en erradicar la ejecución de reos, todavía vigente como
castigo (aunque no ha habido casos en seis años) en un sistema carcelario que
alberga a casi 75% de los presos del país.
Varios actores populares, como Martin Sheen y el
latino Edward James Olmos, se han manifestado a favor de la abolición, mientras
que tres ex Gobernadores han salido a pedir continuidad para la pena capital. Y
los márgenes entre ambos son de unos pocos puntos porcentuales: una encuesta de
septiembre señala que 48% votaría a favor de la conmutación de penas y 43% en
contra.
De conseguir el visto bueno, unos 720 condenados
verían su sentencia de muerte inmediatamente transformada en una de prisión
perpetua sin opción de libertad condicional.
En tanto, en Massachusetts se evaluará la
legalización de una variante de la eutanasia, en la que los pacientes terminales
pueden obtener una dosis letal de drogas si han recibido un diagnóstico de seis
meses de vida o menos.
La medida "Muerte con Dignidad", que
ha generado un intenso debate en el Estado del este, establece que los enfermos
tienen que dejar constancia de su deseo de ser asistidos en el suicidio, dos
veces por vía oral y una por escrito.
Soñadores
atentos
Los votantes de Maryland, un territorio donde la
población hispana ha crecido más del doble en la última década, decidirán si
otorgan a los universitarios indocumentados el derecho a pagar aranceles
académicos similares a los de sus compañeros estadounidenses.
El llamado DreamAct estatal –en alusión a la
propuesta de ley que lleva más de diez años sin ser aprobada por el Congreso
nacional- beneficiaría a jóvenes sin papeles que quieran acceder a la educación
superior, si han asistido a escuelas locales por tres años y pueden demostrar
que sus padres o guardianes pagan impuestos.
Ello aliviaría, dicen sus impulsores, parte de
la carga financiera a la que se enfrentan: los aranceles anuales son de unos
US$7.000 para estudiantes del estado y más de US$25.000 para los de fuera,
entre quienes se cuentan los sin papeles.
Pero es precisamente el costo lo que ha generado
oposición: sus detractores señalan que la población estudiantil indocumentada
podría cuadruplicarse en los próximos dos años, lo que aumentaría la presión
sobre las arcas estatales con un desembolso estimado en US$3,5 millones
anuales.
La organización Educating Maryland Kids, que
impulsa la iniciativa, considera más bien que el incremento del alumnado será
gradual, semejante al que se ha visto en otros estados que tienen sus versiones
del Dream Act aprobados por las legislaturas.
Si, tal como indican los sondeos, la medida
logra el apoyo mayoritario, Maryland será el primer distrito en tener una norma
para los dreamers (soñadores) definida por voto popular.
Racismo
constitucional
La "Enmienda 4" se destaca entre más
de una decena de iniciativas en la papeleta de Alabama: es la que propone
erradicar el lenguaje racista de la Constitución Estatal.
Aunque han pasado 60 años desde que la Corte
Suprema estadounidense declaró ilegal la segregación en las escuelas, todavía
se mantienen las enmiendas que Alabama hizo a su Constitución en 1956, con
léxico segregacionista: una herencia de las llamadas leyes Jim Crow, que
ordenaban la separación por razas en las aulas y otros espacios públicos.
En la carta magna de Alabama se lee que no hay
derecho para la educación pública a expensas de los contribuyentes y que “los
estudiantes deben asistir a escuelas provistas para su propia raza”, dos reglas
que ya no tienen aplicación práctica y que ahora se busca sean borradas del
papel.
No es el primer intento: en 2004 se presentó una
moción parecida que, para sorpresa de muchos, no logró el visto bueno de la
mayoría. Una de las razones que esgrimieron sus oponentes fue que la
modificación del texto Constitucional dejaba abierta la posibilidad de
incrementar los impuestos sobre las propiedades, en caso de que fuera necesario
aportar al presupuesto escolar. Lo consideraron, más bien, un intento velado de
regular el financiamiento de la educación estatal.
Ahora, los activistas han redoblado esfuerzos
para que la ley máxima del Estado cambie sus referencias anacrónicas (y no es
un dato menor que recién en 2000 se eliminó de ella las restricciones al
matrimonio interracial).
Pero no será fácil: dos de los grupos
afroamericanos más fuertes -Conferencia Democrática y Alianza Nuevo Sur- han
llamado a boicotear la elección, porque consideran que, aunque se cambien las
palabras, no se dan garantías suficientes de que se financiará una educación
pública igualitaria.
Etiquetas en
la comida
La campaña por la Proposición 37 ha sacudido a
la opinión pública en California: es la iniciativa que obligaría a los
productores de alimentos crudos o procesados a incluir información en las
etiquetas cuando dentro del paquete haya algún ingrediente genéticamente
modificado.
De aprobarse, California sería el primer Estado
del país en imponer esta regulación ante la poderosa industria de la
alimentación.
El partido Demócrata se pronunció a favor hace
unos días, al considerar que Estados Unidos está atrasado en la regulación de
transgénicos en comparación con otros países industrializados.
Pero los grupos opositores aseguran que, para
hacer cumplir la norma, se requeriría un costoso monitoreo de la producción,
además de cambios en los empaques o los ingredientes, lo cual impactaría
directamente en los precios de los alimentos.
Asimismo, hay quienes consideran que se trata de
un gran plan de mercadeo apoyado por la industria de alimentos orgánicos, que
perjudicaría mayormente al sector agropecuario. Y la disputa es cerrada: 44%
del electorado dirá "sí" y 42% anticipa rechazarla.
De todo un
poco…
Más allá de las iniciativas polémicas que
capturan la atención y los fondos de campaña, en la lista hay otras varias que
sorprenderán a más de un votante.
Como la que pone en disputa la propiedad del
Gran Cañón del Colorado: "¿Debe ser un bien de todos los estadounidenses o
sólo de los residentes de este Estado?", deberán responder los electores
de Arizona. La propuesta, apoyada por un Legislador republicano, quiere lograr
el control soberano sobre millones de hectáreas de propiedad Federal, entre las
que se cuenta el turístico parque natural.
En otros cuatro estados lo que está en juego es
la suerte de la fauna: se votarán iniciativas que buscan proteger el derecho a
cazar y pescar, en una disputa que enfrenta a asociaciones deportivas con
grupos defensores de los derechos de los animales. En Kentucky, de hecho, esta
es la única medida que será sometida a referendo.
En cambio, en Dakota del Norte se intentará
convertir en delito el daño intencional de perros, gatos y caballos.
Para los ciudadanos de Kansas, sólo hay una
medida por definir en la boleta: la que propone modificar el esquema de los
impuestos que pesan sobre... los barcos.
Pero la más curiosa es sin duda la llamada
Proposición 40: no tanto por su temática, sino porque se ha quedado sin dueño.
Pensada por republicanos de California para impulsar un rediseño de los
distritos electorales, llega al día de los comicios sin nadie que la respalde,
después de que sus impulsores abandonaran la campaña.
La llaman "el zombi" o "la
propuesta huérfana" y, de ser aprobada, probablemente nadie se ocupe de
organizar los festejos.
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