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La avalancha de protestas hizo que bancos y
partidos decidieran paralizar los deshaucios.
La imparable presión social
para detener los desahucios (desalojos) en España.
"Quitar a alguien toda esperanza de
conseguir lo que desea". Es la primera definición que el Diccionario de la
Real Academia Española da a la palabra "desahucio".
Junto con "crisis" es uno de los
vocablos más pronunciados en este país para hablar del desalojo de sus casas de
familias que no pudieron pagar sus hipotecas, su tercera acepción en el
diccionario.
Pero el drama ya se parece a la primera: en las
últimas semanas se llevó vidas, dos suicidios de deudores desesperados, y se
volvió una avalancha imparable que hizo reaccionar al gobierno y al principal
partido de la oposición para buscar soluciones inmediatas.
La Asociación Española de Banca, con más de 80
entidades asociadas, anunció en un comunicado que paralizarán los desalojos
"durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran
circunstancias de extrema necesidad".
Los mismos términos de lo que, dicen los medios
locales, buscan acordar los actores políticos.
Pero el comunicado no da detalles de criterios
para decidir a qué familias beneficiará esta decisión.
Los portavoces de este organismo declinaron
especificarlo a BBC Mundo "para no interferir, con nuevas declaraciones,
en la negociación" política en marcha.
"La banca tiene un papel secundario en este
momento. Lo que está en riesgo es el clima social", analiza con BBC Mundo
Fabio Bouza, catedrático de Sociología y Opinión Pública de la Universidad
Complutense de Madrid.
"La presión social les está haciendo daño
en las acciones que hacemos cotidianamente. Su imagen pública está muy dañada y
todo el país los responsabiliza por lo que está pasando", agrega Ada
Colau, vocera y fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El lunes, miembros del gobierno y de la
oposición se reunieron para negociar un acuerdo que pueda cambiar la
legislación sobre las hipotecas y los desahucios.
Miedo.
Fue una seguidilla de eventos que en las últimas
dos semanas volvieron inocultable la tragedia y pusieron otra vez rostro a esas
cifras tan dichas: 532 desahucios al día en España, registra Colau.
Van cerca de 400.000 casos desde 2008, cuando
estalló también la burbuja inmobiliaria y los deudores comenzaron a perder
capacidad de pago, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde 2010, las gestiones de PAH han logrado
detener unos quinientos de los 8.000 casos de desalojos que han tramitado
dentro de la campaña Stop Desahucios y han recogido más de medio millón de
firmas solicitando una reforma de ley hipotecaria, aunque sin respuesta aún por
parte de las principales fuerzas políticas, según su vocera.
El quiebre mediático comenzó el 24 de octubre
–un día después de que unas 20 personas comenzaran a acampar a las puertas de
la sede del banco de préstamos hipotecarios Bankia en Madrid para pedir que les
revocaran sus desalojos
Un informe de siete jueces cuestionaba la
vigencia de la ley hipotecaria de 1909 y afirma que los bancos incurrieron
"en mala praxis" y "ligereza" al otorgar créditos sin
analizar la posterior capacidad de devolverlos
El reporte propone la entrega en pago de la
vivienda para finiquitar la deuda y que el dinero que el Estado da a la banca
como auxilio se extienda a los deudores en más aprietos.
Al día siguiente se conoció de un suicidio: un
hombre se lanzó desde su balcón en Granada, justo cuando subía la comisión que
iba a desalojarlo. Luego otra persona lo intentó en Valencia y quedó malherida
en un hospital.
Y el viernes ocurrió otro suicidio, pero de
alguien con perfil político. Una ex concejala del Partido Socialista, cercana
al Lehendakari (presidente del País Vasco), hizo lo mismo que aquel hombre de
Granada.
La avalancha de protestas subió la velocidad:
manifestaciones y caceroladas de representantes de la Plataforma en todas las
sedes del PP; pequeños ayuntamientos intervinieron para detener desalojos;
pronunciamientos del sindicato que agrupa a los policías para respaldarlos si
se niegan a ejecutar desahucios; dos bancos pequeños, Kutxabank y Caja Laboral,
detuvieron por su cuenta las medidas que cursaban.
"Lo que empezó siendo una denuncia de la
sociedad civil se convirtió en un clamor popular. El Partido Popular y el
Partido Socialista están haciendo el ridículo llegando tan tarde. Desde un
principio les hemos explicado que había vidas en juego. Han reaccionado porque
no les quedaba más remedio", dice Colau.
Para Bouza, más tuvo que ver el miedo a un
estallido colectivo.
"El miedo tremendo que tenemos a que todo
esto desemboque en un conflicto social grave. Hay que darle una solución racional,
intentar suspender los desahucios y buscar rápidamente un sistema que evite
males mayores de impagos. Esto es algo que con toda seguridad van a
parar", sostiene.
Desconfianza.
Pero Joan Peinado, de 59 años, no está tan
seguro como el analista. Aunque el desahucio que le habría tocado dentro de dos
días está suspendido por un mes, dice no saber qué va a pasar.
No ha podido pagar su hipoteca desde 2009 y su
deuda ya se acerca a los US$300.000. Es una de esas familias que podría encajar
en esos criterios "de extrema necesidad". De esos miles de hogares
que viven de pensiones: la suya, por incapacidad, y la de su madre, jubilada de
85 años, para mantener a cuatro personas. Por eso, como tantos otros, escogen
comer a pagar la hipoteca.
"Hasta que no lo vea claro, no confío. Lo
más justo es que te condonaran la deuda y que te dejaran con un alquiler
social, con tantas casas vacías", le cuenta Peinado a BBC Mundo con voz
apagada.
Viviendas vacías hay muchas: un 20% de todas las
disponibles, cerca de seis millones, según el Instituto Nacional de
Estadísticas.
El dato, junto con el número de desahucios, es
el más escandaloso de Europa, interviene Ada Colau.
La PAH pide la dación en pago, la moratoria sin
distinción de todas las viviendas habituales y de deudores que dejan de pagar
por causas asociadas a la crisis, y el alquiler social de esas viviendas
vacías.
Y exige que estas soluciones lleguen a todos los
afectados y no a una pequeña parte.
"Que se condone las deudas no es un
problema solo de derechos humanos, sino económico. Si tienes a cientos de miles
de personas en la exclusión social y en la economía sumergida no puedes salir
de la crisis. Hasta que no se condonen esas deudas, la lucha social va a
seguir", concluye Colau.
Sandra Lafuente Portillo, España, para BBC Mundo.
lancha de protestas hizo que bancos y |
partidos decidieran paralizar los deshaucios.
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