Enap: ¿empresa o repartición fiscal?
Aunque para algunos esa pregunta puede resultar ofensiva, agresiva o incluso exagerada, los recientes episodios noticiosos que se han centrado en Enap ilustran claramente esa dicotomía. Por una parte, la protesta de los ciudadanos de Magallanes por la abortada alza del precio del gas tuvo relación con el subsidio a ese precio otorgado directamente por Enap. Ésta, en esa función, aparece actuando más como una repartición fiscal que desarrolla políticas públicas que como una empresa moderna orientada a maximizar el valor para sus accionistas -en este caso el Estado-. Algo similar ocurrió durante el gobierno de la Presidenta Bachelet cuando se utilizó a Enap para aliviar los problemas financieros del Transantiago mediante la provisión de combustibles en condiciones más ventajosas que las del mercado.
Por otra parte, el hecho de que a través de su filial Primax -en sociedad con el grupo peruano Romero- Enap participara en la licitación de venta de la cadena de estaciones de servicio que Shell posee en nuestro país, muestra que también está involucrada en aquella clase de apuestas que las empresas modernas deben asumir, enfrentando desafíos de mercado, tomando opciones riesgosas en escenarios inciertos, en los que el resultado financiero depende tanto de la buena gestión operativa como de la flexibilidad y agilidad que la empresa despliegue para adaptarse a circunstancias cambiantes y complejas.
Chile debe resolver esta situación de manera clara. Si se trata de una repartición fiscal, parece injustificado que el promedio de sus trabajadores tenga ingresos promedio de casi cuatro millones de pesos al mes, muy alejados de su aporte productivo. Y si se trata de una empresa -que parece ser la definición escogida-, entonces debe tomar decisiones drásticas respecto de su gobernanza, composición accionaria y tamaño de su dotación de personal, que le permitan asumir los riesgos que las empresas enfrentan permanentemente con alguna probabilidad de éxito.
Eso es lo que enfrenta Enap al querer profundizar su incursión en el mercado de la distribución de combustible al detalle, un mercado que muchas petroleras -no todas- están abandonando, porque escapa a la especialidad en que son expertas, pues es un negocio que crecientemente se basa en el manejo de tiendas de conveniencia, que se administran de manera muy distinta de la producción de hidrocarburos. Importa al país que la definición que el Gobierno tome respecto de Enap no se postergue, como este diario lo ha reiterado muchas veces, aun cuando ello implique pagar costos políticos inevitablemente inconfortables.
(Editorial tomado de Diario El Mercurio de Santiago)
Licencias médicas irregulares: un problema crónico
Poner fin a esta práctica dolosa que genera millonarias pérdidas al sistema de salud debe ser una prioridad para las autoridades.
UNA VEZ más, la opinión pública ha conocido denuncias acerca de la emisión irregular de licencias médicas. En esta oportunidad, Fonasa informó que durante 2010 un conjunto de 429 doctores otorgó 733 mil permisos, número "excesivo" e "injustificable" que ha dado pie a una presentación ante la justicia por parte de la entidad de salud pública. La acusación se suma a la efectuada en 2009 por la Superintendencia de Seguridad Social en contra de 89 médicos que en conjunto emitieron 500 mil subsidios por incapacidad laboral, la que se encuentra siendo investigada por la fiscalía.
La repetición de este tipo de denuncias pone de relieve la existencia de un serio problema que debe ser encarado con decisión, debido a que obliga a un altísimo gasto y porque supone una falta grave de parte del médico que extiende el permiso y del trabajador que lo solicita. Entre 2000 y 2009, el número de personas que usó una licencia médica aumentó en casi 41%, llegando a 4,7 millones de individuos. Aunque en el sector privado el uso de los subsidios también registra un alza importante, es en Fonasa donde éste muestra el alza más relevante. Según señaló el ministro de Salud a una comisión parlamentaria en octubre pasado, de los US$ 700 millones que desembolsó en 2009 el sistema público por concepto de licencias, US$ 210 millones (30%) obedecieron al pago de subsidios irregulares. En total, el gasto de Fonasa en licencias médicas creció en 461% entre 1999 y 2009.
Se trata de montos muy elevados que exigen una reducción drástica. Existe en el Congreso un proyecto de ley enviado por el gobierno anterior que establece multas y sanciones contra los médicos que emitan documentos injustificados. Aunque apunta en la dirección correcta, el proyecto resulta insuficiente. Debiera avanzarse también hacia una fiscalización más efectiva, lo cual sería mucho más factible si se estableciera la licencia médica electrónica, para lo cual deben superarse algunos impedimentos técnicos. Al mismo tiempo, es necesario desincentivar el abuso de este recurso por parte de los trabajadores, fijando un copago a cargo de éstos. El gobierno también ha creado una contraloría en Fonasa, con el objetivo de fiscalizar el otorgamiento y ejecución de los permisos por enfermedad.
El informe de la Comisión Presidencial de Salud abordó también el tema, proponiendo la creación de un seguro de incapacidad laboral financiado inicialmente a través de una cotización de 2% del sueldo del trabajador, y cuyo nivel se revisaría de manera periódica a través de licitaciones. Sin embargo, esta solución no se hace cargo del problema de fondo, que es la tendencia de una parte del público y del cuerpo médico a mal utilizar el sistema, y corre el riesgo de terminar convirtiéndose en un impuesto que podría ir subiendo en el tiempo y afectando así a los beneficiarios que no recurren a la trampa, que son la mayoría.
Tan importante como la fiscalización de parte de las autoridades e instituciones competentes y contar con una ley que la permita y haga eficiente, es que los involucrados tomen conciencia de la falta ética en que incurren. Es llamativo que, por ejemplo, el Colegio Médico, entidad que viene solicitando desde hace tiempo recuperar la tuición ética de su profesión, no muestre hasta ahora una actitud decidida para actuar contra los doctores infractores y que, al revés, recurra a una defensa poco entendible de profesionales que realizan acciones moral y legalmente reprochables.
(Editorial tomado de Diario La Tercera)
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