Diplomacia pública ante demanda boliviana.

Edificio José Miguel Carrera, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Diplomacia pública ante demanda boliviana.

Insistentemente se ha recordado que no basta con la defensa en los estrados de ese Tribunal, y que sus Magistrados -aunque algunos abogados y Diplomáticos lo nieguen- son sensibles a la opinión pública, a los medios de comunicación, a líderes, Gobiernos y personalidades extranjeras...

El Gobierno está desplegando acciones informativas y Diplomáticas en respuesta a la ofensiva comunicacional de Bolivia para promover su demanda marítima en el exterior. Es positivo que, ante un litigio internacional, la Cancillería acoja los imperativos de la modernidad, incorporando las comunicaciones con la sociedad civil y con agentes extranjeros. Repetidamente se ha sostenido que la reclamación boliviana no nace ni depende exclusivamente de los alegatos verbales y de los alegatos de los agentes ante la Corte de La Haya. Insistentemente se ha recordado que no basta con la defensa en los estrados de ese Tribunal, y que sus Magistrados -aunque algunos abogados y Diplomáticos lo nieguen- son sensibles a la opinión pública, a los medios de comunicación, a líderes, Gobiernos y personalidades extranjeras, y también a las consecuencias políticas de sus dictámenes. Este cometido es complejo, supone planificación y un responsable de llevarlo adelante. Al igual como se ha designado un agente ante la Corte, debe haber otro con dedicación exclusiva para la Diplomacia pública en este caso.

El Presidente Morales ha lanzado el "Libro del Mar", que pretende establecer supuestos títulos y fundamentos de la aspiración marítima. Previa y posteriormente a la presentación de la demanda, dispuso la utilización de su Magistratura, foros internacionales, su Cancillería y Embajadores itinerantes en un programa destinado a desvirtuar en la comunidad internacional los derechos soberanos y conductas de Chile. Esa campaña boliviana recurre a toda suerte de recursos y artilugios para desconocer el tratado de límites vigente; fabricar una jurisdicción internacional improcedente; falsear la historia; distorsionar el derecho y el orden internacionales; desconocer los derechos convenidos y los privilegios concedidos por Chile para el acceso de Bolivia al Pacífico; ignorar el costo asumido por el erario nacional por las obras y servicios de esas facilidades; transgredir los principios de estabilidad de las fronteras y los más elementales de la negociación Diplomática, y, finalmente, ignorar las causas internas, políticas e institucionales bolivianas que han provocado la postergación del pueblo boliviano e impedido sus legítimas oportunidades de bienestar.

Frente a estas distorsiones, embustes, fanfarrias y agravios, el Gobierno chileno ha procedido a emplear la Diplomacia tradicional por medio de la Primera Mandataria, del Canciller y del servicio exterior, en sus comunicaciones y entrevistas con Gobernantes, Cancillerías y referentes extranjeros. A la vez, ha recurrido a la Diplomacia pública mediante una publicación que resume la efectividad del acceso boliviano al mar; los alcances de los tratados vigentes -que excluyen la jurisdicción extranjera en la soberanía territorial- y los riesgos de la reclamación boliviana de revisión de fronteras para el orden, la seguridad y las negociaciones internacionales.

Sería aconsejable que lo más pronto posible se aborde judicial y públicamente la impugnación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre este contencioso, se extiendan y focalicen las gestiones Diplomáticas, se complementen los capítulos del documento chileno antes aludido con antecedentes históricos y jurídicos, y se desenmascare la motivación política de esta demanda, funcional a la campaña en curso para la reelección indefinida de Evo Morales, así como su nula cooperación internacional en la erradicación del narcotráfico y en el enjuiciamiento de los responsables de la violencia, el lavado de dinero y la corrupción resultantes. Asimismo, la acción comunicacional debe contemplar espacios en la defensa para referentes de la sociedad civil: ex Presidentes, ex Cancilleres, especialistas, académicos, medios de comunicación, universidades y centros de pensamiento académicos nacionales y extranjeros.

Editorial tomado de Diario El Mercurio de hoy.