El discurso de autoridades como el Intendente de la Región debe buscar la integración y no la creación de espacios excluyentes para las etnias.

La Araucanía: alentar la integración y no los conflictos

  

Las declaraciones formuladas por el Intendente de la Novena Región no contribuyen a generar las condiciones y la disposición requerida de todos los sectores para lograr soluciones efectivas al denominado “conflicto mapuche”.  Su cargo representa al Gobierno nacional en esa Región y luego su autoridad debería ser ejercida de manera que todos los ciudadanos se sientan incluidos en sus prioridades y preocupaciones.

Frente a las problemáticas que surgen a partir de la relación de las distintas etnias presentes en el país, existen dos lógicas que pueden inspirar la forma como la sociedad las resuelve: la lógica del conflicto o la lógica de la integración. En la primera subyace la noción de que unos invaden los espacios de otros y que la convivencia es imposible, con lo cual la única solución sería crear espacios y culturas excluyentes. En la otra subyace la noción que los países se forman a partir del aporte de las distintas etnias y culturas, donde el objetivo es precisamente crear las condiciones para que ellas puedan convivir en forma colaborativa y respetuosa, aportando cada una a la conformación de una nación organizada en un Estado que las respeta y representa. 

Chile debe aprender de la experiencia de los países desarrollados, que han logrado, a partir de esta lógica de la integración, solucionar los conflictos históricos entre sus diferentes etnias sin que ninguna haya debido renunciar a sus propias culturas. Para ello es indispensable un discurso y políticas coherentes, que se adelanten a los conflictos y que no sean simples reacciones para mitigarlos.

En lo que se refiere a las declaraciones del Intendente Francisco Huenchumilla, en orden a que los propietarios de grandes extensiones de terrenos en su Región debían entender que “deben entregar su fundo”, resultan odiosas y alientan una confrontación social que el país pensaba desterrada. Que unos abandonen sus tierras para que otros las ocupen no puede ser la forma de lograr la integración, particularmente cuando se trata de quienes han sido víctimas de atentados y amenazas de sectores radicalizados, y resultaría clarificador que desde el propio Gobierno se corrigieran estos dichos.

También resulta contradictorio con este espíritu la renuncia anticipada y de plano que han hecho las autoridades de Gobierno a aplicar la Ley Antiterrorista frente a hechos ocurridos en el marco del conflicto mapuche. El argumento de que esa Ley “no es una herramienta para resolver los conflictos sociales” es erróneo, porque precisamente lo que tiende a alentar la conflictividad es que se permita el uso de la violencia y el terror como forma de defender una determinada pretensión o reclamación, lo que perjudica a la inmensa mayoría de quienes buscan resolver los problemas de los pueblos indígenas a través del entendimiento y por las vías propias de una democracia.

Por último, también alienta la conflictividad el hecho que el Estado no tenga una actitud proactiva frente a los problemas evidentes y largamente identificados en esa Región: la persistencia de los más altos niveles de pobreza y los peores resultados en educación escolar, entre otras cifras, son una prueba de que no se han puesto los medios ni las prioridades para resolver sus carencias. 

Editorial tomado de Diario La Tercera