Triste espectáculo en La Florida
POR QUINTA vez en los últimos 30 días, el concejo municipal de La Florida no se ha podido constituir para definir quién será el edil que reemplazará al renunciado alcalde Jorge Gajardo. Esto, porque los representantes de la oposición se han negado a asistir a la instancia, argumentando que se torcería la voluntad ciudadana si se elige como sucesor a un miembro del oficialismo, situación que se estaría concretando con el voto de la concejala Inés Gallardo (ex PPD), quien ha anunciado su disposición a votar por un concejal de la UDI.
La situación ha generado un cuadro de incertidumbre y tensión en la municipalidad, que actualmente se encuentra acéfala y conducida por el administrador municipal, lo que supone poner en riesgo el normal funcionamiento de la entidad y el consiguiente perjuicio a los vecinos de la segunda comuna más poblada del país.
Es importante que se restituya a la brevedad la institucionalidad, independiente de si la oposición está o no de acuerdo con el mecanismo de reemplazo establecido por la ley, la idoneidad del cual se puede discutir más adelante para su eventual modificación. Lo que cabe en el actual escenario es respetar el procedimiento vigente y designar al próximo alcalde de la comuna.
La lamentable actitud de los concejales opositores constituye una renuncia injustificable a ejercer el deber para el cual postularon y fueron elegidos. No es legítimo que nieguen a los vecinos de esa comuna la posibilidad de contar con un gobierno municipal que funcione. Corresponde, asimismo, que las cúpulas de los partidos involucrados les instruyan cumplir su función. El desagradable capítulo de la sucesión legal del alcalde de La Florida se ha prolongado demasiado y debe ser resuelto de una vez por unos concejales que están llamados a entender que el acatamiento a la ley es una obligación, no una opción.
Editorial de Diario La Tercera.
Gran reforma a la salud
Al visitar la construcción de la Clínica Ñuñoa, el Presidente Piñera afirmó que 2011 va a ser el año de “la gran reforma a la salud”. Estas palabras presidenciales constituyen una grata sorpresa, pues hasta ahora no se había anunciado más que un conjunto algo disperso de iniciativas, no todas con posibilidades reales de provocar un efecto positivo mayor. Un proyecto de ley que modifica la Ley de Isapres para superar las controvertidas objeciones del Tribunal Constitucional parecía ser la principal medida que se abordaría este año, pues ello se ha vuelto una necesidad urgente y su tramitación posiblemente será larga y difícil. Más inquietante aún, esa propuesta pudiere no ser suficiente para esclarecer las objeciones constitucionales, pero sí podría tener un efecto negativo en la evolución futura de las isapres, lo cual —sin perjuicio de la polémica que se ha abierto tras su anuncio de una próxima alza de precios de 5,7 por ciento promedio—, a su vez, repercutiría adversamente en el subsector estatal de salud.
Las declaraciones del Presidente expresan un ánimo de ir a temas más de fondo, que sin duda están relacionados con las dificultades en el funcionamiento del sistema público, que afecta a la inmensa mayoría de los chilenos y casi a la totalidad de los más pobres. Los hospitales y sus consultorios relacionados están lejos de operar en forma satisfactoria, y cabría presumir que la anticipada gran reforma a la salud alcanzará a estos centros de atención, cruciales, pero hoy muy debilitados.
No obstante, ese anuncio se complementó con una descripción de los tres ejes que orientarían la reforma, que parecen insuficientes para lograr un cambio de trascendencia. El compromiso de cada persona con una vida saludable o el mejoramiento tecnológico no pueden ser los pilares de una reforma tal, sino que constituyen avances naturales que no resuelven la falta de inversiones ni la rigidez administrativa que impide un mejor sistema nacional de salud. Asimismo, las listas de espera AUGE, esencialmente contrarias al sentido mismo de las garantías explícitas, tampoco pueden considerarse una reforma: su eliminación apenas da cumplimiento a la normativa vigente.
Con todo, el Presidente aspira a alcanzar modificaciones profundas durante este año y cabría esperar que pronto se den a conocer los planes concretos para mejorar este sector. El gasto en él superará en 2011 los ocho mil millones de dólares, lo que implica un gran esfuerzo nacional, pero la atención de salud sigue constituyendo una de las principales causas de frustración de los chilenos. Poner en marcha una reforma como la anunciada será un trabajo largo y los resultados tardarán en notarse, pero se habrá comenzado una de las tareas más importantes y más postergadas del sector público.
Editorial Diario El Mercurio.
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