Responsabilidades ante el maremoto
Las declaraciones de la ex Presidenta Bachelet a la fiscal Solange Huerta el pasado 28 de diciembre, en el marco de investigación por la muerte de 156 personas a causa del maremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, son impactantes. Se trata de un interrogatorio voluntario, que la ex Mandataria ofreció en calidad de testigo y que se prolongó por más de siete horas. Esto ilustra cuán detallado fue el relato que Bachelet estuvo dispuesta a hacer, lo cual debe ser destacado como un ejemplo de civismo y de esfuerzo genuino por sacar lecciones de lo ocurrido, y le da particular sustancia a su contenido. La forma en que entrega su testimonio, el lenguaje que utiliza y los pormenores que incluye prueban que se trata de declaraciones que no buscan escabullir los múltiples problemas evidenciados por ese sismo, incluido el virtual estado de desinformación en que la Jefa del Estado debió enfrentar esa emergencia. Es encomiable la franqueza de su testimonio, porque elimina las conjeturas en relación a lo que realmente ocurrió y la intencionalidad política que se pudiese adjudicar a las interpretaciones al respecto, pues la entonces máxima autoridad de la nación las revela sin maquillaje alguno.
Llaman profundamente la atención las vacilaciones -con trágicas consecuencias- en que, desde muy temprano esa mañana, incurrieron el SHOA y la Onemi, los dos órganos prioritariamente encargados de proveer información para la toma de decisiones después el siniestro. El SHOA, tras recibir la nota desde el centro de alerta de tsunamis de Hawai que indicaba la inminencia de uno -con las anécdotas de la dificultad que aquél tuvo para enviar digitalmente esa información, hasta finalmente lograrlo por vía telefónica, gracias a la fortuita presencia de un técnico propio que hablaba español y pudo comunicarse con el personal del SHOA-, envió a Chile una alerta de maremoto a las 4:07 de la mañana, para luego desdecirse unas dos horas después. A su vez, la Onemi no tradujo la primera nota del SHOA en una alerta a todo el país, advirtiendo la necesidad de evacuar las zonas en peligro -posiblemente por reticencia a crear alarma en la población, basada en una nota que, en apariencia, no tenía la convicción necesaria, lo que, luego que el SHOA se desdijera, parecía bien fundada-, contribuyendo a la confusión y a parte de los resultados a que eso condujo.
Por otra parte, la persistente ausencia de sus representantes en las improvisadas reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia, agravada por la equivocada información que manejaba la Armada aún a las 8 de esa mañana, refleja un grado de desconcierto muy preocupante. En general, el Ejecutivo mostró falta de capacidad de ejercer mando efectivo sobre la situación, lo que la ausencia de información llevó a grados patéticos, según el relato de la propia ex Presidenta, y el conjunto de sus actuaciones revela una incomprensible falla del Estado chileno, a comienzos del siglo XXI, de contar con protocolos de acción y con la infraestructura necesaria para enfrentar situaciones de esta especie.
Las lecciones que deja este episodio son muy importantes, y la ex Presidenta las recoge en su declaración.
La semana política: lecciones del Perú.
La encrucijada política que vive Perú obliga a una reflexión sobre las lecciones que pueden desprenderse de ella para nuestro país. Lo anterior no se relaciona con las cuantiosas inversiones realizadas por connacionales en Perú, ni con el curso del proceso ante la Corte Internacional de La Haya, pues se trata de materias que tienen su propia dinámica o siguen un curso preestablecido, independientemente del incipiente debate sobre el papel que corresponde —si alguno— al Estado chileno en la promoción de las inversiones nacionales en el exterior.
El examen que cabe sobre la situación que afecta a Perú se refiere al plano político y a la circunstancia de que un país que, según algunos analistas, “iba en un cohete hacia el desarrollo” —aludiendo a la alta y sostenida tasa de crecimiento alcanzada durante los últimos años, en que aplicó un modelo de desarrollo basado en el emprendimiento privado y en la apertura comercial—, pueda terminar encajonado y teniendo que optar para elegir como Presidente entre una opción nacionalista con marcados tintes socialistas y elementos étnicos, en la senda de los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, y una alternativa de extremo populismo, sin contornos ideológicos ni políticos claros.
Con acierto, el Presidente Alan García ha planteado reiteradamente que el desafío del Perú era competir con Chile en la carrera del crecimiento, para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo. Eso presuponía una base de consenso mayoritario en la estrategia de desarrollo seguida por Perú desde el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, mantenida y profundizada por Alejandro Toledo y luego por el propio García, que ha llevado a ese país a encabezar varias veces el ranking de crecimiento latinoamericano, y que el último año venía haciéndolo a un ritmo superior al ocho por ciento.
Cuidar la política
El Mandatario peruano no se equivocó en la dirección señalada a su país ni en la existencia de una mayoría social en favor de ella, pero claramente subestimó la precariedad de las bases políticas que sustentaban ese consenso, desgastadas tras los sucesivos episodios vividos por Perú en las últimas décadas.
Desde el APRA —único partido político que aún mantenía cierta estructura nacional—, García no advirtió cuán profunda era la destrucción del sistema de partidos del país, al grado de arrastrar a la propia tienda del Mandatario, que en las elecciones de hace dos semanas vio sucumbir a sus figuras más destacadas, reduciendo su participación a cuatro escaños en el Congreso. Así las cosas, algunos no se sorprendieron de la diáspora de los sectores moderados hacia tres candidaturas —Kuczynski, Toledo y Castañeda—, que en conjunto conforman una clara mayoría relativa de más del 43 por ciento, pero que debieron resignarse a ver pasar a segunda vuelta a las dos minorías más radicales dentro del espectro político de esta elección: Ollanta Humala (31 por ciento) y Keiko Fujimori (23 por ciento).
La lección para Chile es clara: hay que cuidar y preocuparse de la política. La tarea es de todos los sectores, pero le cabe una especial responsabilidad al Gobierno, encargado de consolidar la coalición de partidos que lo llevó a La Moneda, más allá del horizonte del actual Mandatario, pues es evidente que un solo período presidencial de cuatro años no permite abordar las transformaciones que se ofrecieron al país y que necesariamente requieren ciclos políticos de dos o tres mandatos.
Los partidos políticos chilenos distan de estar en una fase terminal, pero varios de sus principales problemas están a la vista, sin que se esté actuando sobre ninguno de ellos.
Tareas pendientes
Entre otros aspectos, esas colectividades se resisten a introducir mayor competencia en las opciones al Congreso, aumentando los cupos de aspirantes en las listas, sin necesidad de modificar el sistema binominal. No se ha actuado frente a la evidente contrariedad que causa en la ciudadanía el sistema de sucesión política aprobado por el Congreso en 2005, para reservar a los partidos políticos la designación “a dedo” del reemplazante de un legislador fallecido o renunciado, y la reelección indefinida de parlamentarios y representantes comunales desincentiva la renovación de los cuadros.
Tampoco hay propuestas para resolver el cuestionado sistema de relevo de un alcalde por el concejo, y que hoy tiene descabezada a la alcaldía de La Florida, una de las comunas más grandes del país. No se ha actuado dentro de los partidos para revitalizar el sentido de militancia, concentrándose la cuota de poder público que representan cada vez más en cúpulas menos abiertas y competitivas. Y sus institutos tampoco se han fortalecido como fuentes de ideas y propuestas para el debate público.
Tampoco se ha avanzado en desarrollar una cultura de elecciones primarias en los partidos y coaliciones, para contar con un sistema claro que se desarrolle a lo largo del país, de manera sucesiva, en que se expongan los distintos precandidatos al Congreso o la Presidencia que aspiran a encarnar las ideas de sus sectores.
Tomado de Diario El Mercurio.
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