Nada nuevo en el mar.
En 1952, Chile, Perú y Ecuador establecieron por tratado las bases del nuevo derecho del mar. Antes lo habían hecho los dos primeros por declaraciones unilaterales de 1947. Para los efectos de ejercer los derechos soberanos que declaraban -y que comenzaron entonces a ejercer-, los tres países también definieron sus límites laterales en los respectivos paralelos. En un tratado de 1954 reiteraron expresamente que así se definían sus fronteras marítimas.
Este entendimiento común se extendió por más de medio siglo, para provecho de los tres países. Sólo a comienzos de este siglo Perú asumió una tesis revisionista del entendimiento tradicional de los tratados, para poner en duda la frontera marítima acordada. Esta tesis llevó a plantear un caso de delimitación marítima con Chile ante el tribunal internacional de La Haya.
Aunque Ecuador no fue demandado, resultaba evidente que las objeciones planteadas por Perú respecto de Chile le significaban una amenaza, a pesar de que Perú oficiosamente le informaba que entre ambos países no existían conflictos pendientes.
Ecuador tuvo desde 1952 particular preocupación por dejar establecido que el límite marítimo entre los tres países estaba dado por la línea de los respectivos paralelos. Es natural que estimara que la tesis revisionista de Perú lo afectaba de manera latente. Por eso, emitió y depositó en Naciones Unidas una carta náutica que define su frontera marítima con Perú, con expresa invocación de los tratados de 1952 y 1954.
Ante esta nueva situación, Perú ha aceptado íntegramente la posición ecuatoriana. El acuerdo se ha formalizado mediante un intercambio de notas diplomáticas, al que ambos países otorgan diferentes significados. Una declaración de la Cancillería peruana ha reiterado la lectura sesgada del tratado de 1952, en orden a que éste sólo se referiría al límite entre Perú y Ecuador por el llamado "efecto islas", para luego afirmar que el acuerdo demostraría que no hay tratados vigentes en esta materia.
El contrato entre ambos países resulta por completo evidente: Ecuador obtiene todo lo que pretendía y Perú logra evitar su participación en el juicio de La Haya. Por tratarse de un acto de una de las partes, ocurrido una vez iniciado el litigio, el acuerdo con Ecuador no puede mejorar el caso peruano. Más bien abre la sospecha de que ha intervenido, una vez más, con actos propios que pretenden mejorar su caso, contraviniendo un principio jurídico asentado.
Lo cierto, sin embargo, es que la nota peruana a Naciones Unidas señala que el acuerdo versa sobre el límite graficado en la carta náutica ecuatoriana. Lo que ahora se oculta es que esa carta señala expresamente como fuentes los mismos tratados que por más de medio siglo han determinado el límite marítimo entre Chile y Perú.
Más allá de la mala presentación del acuerdo, queda en pie lo que constantemente ha sostenido Ecuador desde que se celebraron los acuerdos de límites de 1952 y 1954, que es perfectamente coherente con los argumentos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia.
En consecuencia, nada nuevo agrega este intercambio de notas a la posición jurídica de las partes en el juicio de La Haya: más bien reitera que las fronteras marítimas entre los tres países están definidas por las líneas de los paralelos que parten desde los respectivos límites terrestres. Como bien lo dijo ayer una declaración del Presidente Piñera, la validez de los tratados y "su sentido único e invariable entre los tres países no pueden ser puestos en duda". La diestra diplomacia peruana intentó anotar un tanto de habilidad, pero los hechos son más sólidos y de valor permanente.
Un argumento que favorece a Chile
EL GOBIERNO de Perú ha reconocido la cartografía inscrita por Ecuador ante las Naciones Unidas en marzo pasado, según la cual el límite marítimo entre ambos países -a lo largo del paralelo geográfico- está determinado por los tratados de 1952 y 1954. Ello es de gran relevancia para Chile, pues la demanda peruana interpuesta ante el tribunal internacional de La Haya se sustenta en la afirmación, por parte de Perú, de que dichos tratados son sólo acuerdos pesqueros, no limítrofes.
Al interpretar los mismos tratados bajo ópticas distintas, Lima parece demostrar una inconsistencia de fondo en su argumentación jurídica, lo que contribuye a debilitar su postura. Al mismo tiempo, como sostuvo ayer el Presidente Piñera al referirse a la decisión peruana, ello refuerza la posición chilena en La Haya, que ha consistido en sostener que tanto los tratados firmados hace más de medio siglo como la práctica consuetudinaria y los actos administrativos durante casi seis décadas validan la existencia de un límite marítimo reconocido por ambas naciones, al igual que por terceros.
El reconocimiento peruano de la carta náutica ecuatoriana pone de relieve la compleja posición estratégica en que se ha situado Lima en esta materia.
De haber rechazado la cartografía inscrita en la ONU, Perú habría puesto en entredicho no sólo la frontera marítima con su vecino del norte, sino el criterio del paralelo geográfico que define los límites entre otros países del Pacífico sur. Al aceptar los mapas marítimos de Ecuador, el gobierno de Perú evita ese riesgo -como también que Quito acuda a presentar su opinión en la demanda entablada en La Haya-, pero a costa de socavar sus argumentos contra Chile en ese tribunal. Todo lo cual parece confirmar la tesis chilena de que Perú ha "construido" un caso jurídico ante la justicia internacional a partir de un problema de no es tal.
Nuevo "crédito universal"
Según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, desde octubre próximo los chilenos podrán comparar más fácilmente los créditos que ofrecen las instituciones financieras del país. Para esto, todos los actores que ofrezcan créditos a particulares deberán incluir y explicitar un producto estándar, llamado "crédito universal". Los bancos, el retail, las cajas de compensación, las aseguradoras y los emisores de tarjetas de crédito deberán someterse a esta nueva disposición, que busca incrementar la competencia del sector financiero.
Un reglamento (ya publicado en el Diario Oficial) que se enmarca en el proyecto sobre mercado de capitales (MKIII) estipula las características de este "crédito universal": él tendrá una carga anual en la que estará expresada la tasa de interés y considerará el pago del capital solicitado, los intereses y los gastos asociados (impuestos, gastos notariales, comisiones de cualquier especie, entre otros) para los préstamos. Cualquier "venta atada" deberá ser también explicitada por separado.
En general, este "crédito universal" es un paso valioso para el fomento de la competencia bancaria. En Chile, los créditos -especialmente los de consumo- evidencian un alto costo, que explica en parte las altas utilidades de la banca por largos años. Más que por la falta de actores en la industria bancaria -pues existe un número considerable de instituciones bancarias y no bancarias-, esto ocurre principalmente por las dificultades que a un sector mayoritario le significa la comparación de los créditos al contratarlos.
Por lo anterior, junto con la creación de este nuevo mecanismo, se hace necesaria cierta educación financiera básica para la población. Eso sería un aliciente adicional para que el costo de los créditos disminuya, por la intensificación de la competencia entre los distintos actores que ofrecen créditos.
La evaluación del nuevo "crédito universal" sólo podrá hacerse en la práctica, ya que al menos tres aspectos pueden afectar su buen funcionamiento. Por una parte, él no condicionará el costo de los demás créditos que ofrezca el banco, lo que podría llevar a que la gente se decida por un crédito sobre la base de la publicidad del "crédito universal", pero termine pagando costos distintos -también aquí se pueden presentar las dificultades para comparar-. Además, dado que, naturalmente, el banco no está obligado a conceder el crédito, existe el riesgo de que el "universal" se transforme en una mera estrategia publicitaria, sin efectos reales en el volumen de créditos.
Aún está pendiente la forma de fiscalizar este sistema, que llevarán a cabo las superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras, de Seguridad Social, y el Servicio Nacional del Consumidor, lo que puede crear complejidades en su coordinación. Pero un eventual funcionamiento dificultoso no le resta validez al instrumento, sino que exige atender a introducir las correcciones necesarias para realmente fortalecer la competencia.
Compromiso de Chile con la libertad de prensa.
Estando a las puertas del desarrollo, nuestro país debe robustecer también los espacios que permitan una expresión y una prensa genuinamente libres.
EN EL MARCO de las celebraciones por el Día Mundial de la Prensa, el Presidente de la República -acompañado de los presidentes de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Nacional de la Prensa- firmó ayer la Declaración de Chapultepec, en un acto celebrado en la Plaza de la Constitución. La suscripción del documento por parte del Mandatario ratifica, según sus palabras, "el compromiso de Chile y de nuestro gobierno con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos".
Un sistema democrático saludable se construye sobre la base de un debate abierto entre los distintos actores sociales relevantes. A su vez, éste requiere de opiniones informadas e ilustradas. Actuando con responsabilidad y autorregulación, los medios de comunicación son el espacio natural para que dicha discusión tenga lugar, y son los principales proveedores de las noticias en torno a las cuales se genera la conversación pública. Al mismo tiempo, al representar los intereses de sus audiencias, funcionan como vehículos para el control de las autoridades políticas en el ejercicio de sus funciones. Por estas razones, el respeto a las libertades de expresión y de prensa es necesario para que la sociedad pueda desarrollarse en un ambiente libre y democrático.
En muchos lugares de América Latina y el mundo estas garantías se encuentran hoy en peligro, debido a la acción que representan gobiernos y Estados que no respetan el rol que debe cumplir la prensa en un sistema democrático y también por la amenaza constante del crimen organizado (como Rusia o México, por ejemplo). Un ejemplo de lo primero es lo que ocurre hoy en Cuba. Asimismo, con distintas intensidades y variados matices, los ciudadanos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina también sufren los efectos de medidas arbitrarias de las autoridades que afectan el derecho a expresarse y a fundar o mantener medios de comunicación independientes. Es importante que el resto de los países de la región encuentren la manera de representar a estos gobiernos la urgencia y necesidad del respeto a las garantías básicas, para que entiendan que las libertades de expresión y de prensa son derechos esenciales de toda persona, y no una concesión graciosa del Estado.
Aunque Chile vive una realidad totalmente diferente a la de esos países, persisten algunos problemas que restringen algunas dimensiones de las libertades mencionadas. Por ejemplo, los proyectos de rotulado de alimentos y de alcoholes ponen límites a la publicidad que parecen ir más allá de lo razonable; la voluntad del Tribunal Constitucional de derogar el artículo 2331 del Código Civil abre espacio a un esquema de reparaciones morales que puede resultar dañino para la libertad de expresión; un proyecto de ley crea la figura de las "campañas de utilidad o interés público" del gobierno, la cual podría llegar a ser mal util
En los últimos años, el país ha avanzado de manera progresiva en la eliminación de leyes que dificultaban la existencia del vigoroso debate público que la democracia exige. No sería oportuno que ahora se dieran pasos que podrían actuar en sentido contrario. Chile se encuentra a las puertas del desarrollo y para alcanzarlo debe robustecer también los espacios que permitan una expresión y una prensa libres.
(Editoriales tomados de los más importantes medios de prensa escrita de circulación nacional).
