Bolivia busca a juez Garzón para demanda marítima contra Chile
BÁRBARA COVARRUBIAS
A diez días de acusar "una deslealtad" por parte del Gobierno chileno al no informarle sobre las diligencias contra el ex zar antidrogas boliviano, René Sanabria, y en medio de una crisis interna que le significó una importante baja en su popularidad, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, reflotó ayer su intención de demandar a Chile por una salida soberana al mar.
Y lo hizo anunciando que espera contar con la ayuda del conocido juez español Baltazar Garzón, para comenzar a trabajar en la acción judicial.
En un encuentro con periodistas por la celebración del Día de la Prensa, el Mandatario informó que la recién creada Dirección de Reivindicación Marítima tiene "casi conformado" el equipo de especialistas que darán cuerpo al recurso internacional en contra de Chile, y que ya se contactó con el magistrado que llevó las causas contra el retirado general Pinochet, que permitieron su detención en Londres en 1998.
"Se está buscando al doctor español, experto en derechos internacionales. Al juez Garzón. He conversado con él en España, es un profesional de mucha experiencia y conocimiento en leyes que podría sumarse al equipo de expertos internacionales y ojalá sea uno de los asesores de la demanda boliviana", sostuvo Morales, y dijo que también ha buscado la asesoría de juristas argentinos y nicaragüenses.
Aun así, reiteró que Bolivia "no abandonará el diálogo" con Chile para resolver su aspiración marítima, y se mostró confiado en que "la diplomacia de los pueblos" permitirá un acuerdo.
Al enterarse de la noticia, comentada ayer en la Cámara, el canciller Alfredo Moreno sostuvo que "es un problema de Bolivia, ante el cual no tengo nada que decir". Pero diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, como Iván Moreira (UDI) y Jorge Tarud (PPD), exigieron que el Gobierno envíe una nota de molestia a La Paz y que explicite que el diálogo marítimo con Bolivia está suspendido.
¿En qué está Garzón?
Sus causas más polémicas han sido las que emprendió en contra de Pinochet, el régimen militar de Argentina y el grupo terrorista vasco ETA. Actualmente, el juez lleva casi un año trabajando como consultor externo del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI).
Hasta allí llegó, luego que el 14 de mayo de 2010 fuera suspendido cautelarmente en sus labores de la Audiencia Nacional de España, por las presuntas irregularidades en sus investigaciones al régimen del general Francisco Franco.
Garzón es conocido más por sus causas penales internacionales que por su expertise en el derecho internacional territorial, en virtud del cual Bolivia pretende llevar a Chile a la Corte Internacional de La Haya.
Ministro Alfredo Moreno analizó alcances del "entendimiento" entre Perú y Ecuador en la comisión de RR.EE. de la Cámara.
En una sesión abierta que se extendió por casi tres horas, ayer el canciller Alfredo Moreno expuso la postura del Gobierno frente al reciente "entendimiento" entre Perú y Ecuador, luego que Lima decidiera reconocer la carta náutica que Quito presentó a ante la ONU en marzo pasado.
Moreno fue enfático al destacar que el gobierno de Alan García, al ratificar la cartografía ecuatoriana optó por evitar que Ecuador fuera a La Haya, aunque esto implicara debilitar su posición jurídica, lo que representa una "importante victoria" para Quito.
Ello, porque el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, había advertido públicamente que en el caso de que Lima no reconociera el documento presentado en la ONU, su país no descartaría sumarse al litigio que enfrenta a Perú y Chile.
Según explicó el canciller a los diputados de la comisión, al validar la carta náutica de Ecuador, incluso en el Congreso, Perú indirectamente está reconociendo el carácter limítrofe de los acuerdos de 1952 y 1954, ya que los mapas ecuatorianos se basan en dichos tratados para establecer su territorio marítimo.
En ese sentido, en su intervención el canciller subrayó la importancia de que Ecuador y Chile consideren que los tratados vigentes son los que fijan como límite el paralelo, lo que Perú aceptó al reconocer la carta náutica.
(Tomado de Diario El Mercurio)
Modernización al Estatuto de la Inversión Extranjera
Mantener un régimen legal que otorgue seguridades a la inversión extranjera parece prudente y no se advierte la necesidad de suprimirlo.
LA COMISION para el Estudio de la Modernización del Estatuto de la Inversión Extranjera (DL 600) ha entregado su parecer al gobierno, concluyendo que la mantención de esta normativa es relevante para el país -a pesar de que los avances en materias de estabilidad política y económica pudieran hacerla innecesaria-, si bien requeriría una modernización en diversos aspectos. Por su parte, un sector minoritario de la comisión señaló que en las actuales circunstancias no se justifica mantener ese cuerpo normativo y estuvo por solicitar a la Ocde una recomendación sobre las mejores prácticas de sus miembros para atraer inversión extranjera en áreas estimadas como prioritarias, como innovación tecnológica, energías renovables no convencionales o la sustentabilidad medioambiental.
La mantención de un régimen legal que otorgue seguridades a la inversión extranjera parece ser una medida prudente y no se advierte la necesidad de suprimirlo, sobre todo cuando no provoca costos y la garantía central que se confiere entronca con la esencia de modelo de desarrollo adoptado consistentemente en los últimos decenios por el país: la no discriminación en materia económica. Este principio se encuentra consagrado hoy en la Constitución y se han suscrito diversos tratados de protección recíproca de las inversiones entre países, que se basan precisamente en el igual trato con las nacionales, pero que se celebre un contrato entre el interesado y el Estado de Chile refuerza la garantía y la hace ejecutable, desde el momento en que se contemplan acciones antes los tribunales nacionales para reclamar de discriminaciones sin fundamento y que, además, puede ser invocado en cortes internacionales.
Ello resulta particularmente importante frente a las reiteradas modificaciones que ha sufrido la tributación especial de la minería en el último tiempo, incidiendo en los contratos celebrados, tanto que autoridades del Ministerio de Minería que concurrieron ante la comisión manifestaron su preocupación porque se hicieran alteraciones a ese régimen, de reciente aprobación, y que un nuevo cambio sería interpretado como una señal de inestabilidad en el clima de negocios del país.
Todo lo anterior no obsta para realizar perfeccionamientos al DL 600. Desde luego, la tasa de invariabilidad tributaria a la renta de 42% resultaría ser demasiado alta, cuando la casi totalidad de quienes la toman renuncian a ella para acogerse a la tasa general de 35% cuando deben comenzar a tributar, pues pagar 7% como prima de seguro impositivo es caro. Si bien ello puede interpretarse como un síntoma de confianza y de lo innecesario de la garantía, cobrar una sobretasa menor probablemente motivaría su pago y generaría mayor recaudación, con pleno apego a la política tributaria vigente, y entregaría una señal de la voluntad de mantener tasas competitivas para atraer inversión extranjera.
Otro aspecto a revisar es la norma que permite extender el plazo de garantía de 10 a 20 años a ciertos proyectos industriales y extractivos, como también asegurarles ciertos ítems relevantes en la determinación de la base imponible y otorgar un régimen cambiario protegido. No es impropio que se otorguen estas garantías, pero no debería haber discriminación entre sectores económicos ni tamaño de proyectos. Finalmente, la posibilidad de restringir el acceso de dichos inversionistas al crédito interno carece hoy de sentido y tendría que eliminarse.
(Tomado de Diario La Tercera).
No hay comentarios:
Publicar un comentario