Transantiago, Educación Superior y penas alternativas tres temas de actualidad.

El ministro de Transportes y el Transantiago

Pese a las encuestas -que castigan todo lo relacionado con el Transantiago-, causan una impresión realista los planes del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, para reformar el sistema de transportes de la capital. Su estrategia consiste en modificar los contratos con los troncales y alimentadores, dándoles incentivos para que, eventualmente, ofrezcan un mejor servicio con menos evasión.

El ministro observa que la estructura del Transantiago, con alimentadores y troncales, es la única opción viable en una ciudad del tamaño de Santiago y con el número de vehículos que la recorren. La idea de volver al sistema de buses amarillos que crucen la ciudad de un lado a otro es inviable, por la congestión multiplicada que hoy se provocaría.

Tampoco estima factible reducir significativamente los tiempos de viajes, por las características de la ciudad. Su objetivo, menos ambicioso, es mejorar la regularidad del servicio, renovar el interior de los buses para ofrecer más comodidad, y reducir la evasión. Estas metas, de lograrse, mejorarían tanto la percepción de los usuarios como las finanzas del sistema, hoy enormemente deficitario.

Para resolver estos problemas, el ministro estima que se debe atacar su núcleo: la estructura de los contratos con los operadores, que arrancan del nacimiento del sistema. Hoy, aquéllos transfieren todo el riesgo al Estado y no dan incentivos a los operadores para que provean un mejor servicio y ayuden a controlar la evasión. La ley impulsada por el ministro anterior y recientemente aprobada, que hace posible que el Estado compre los contratos o acuerde modificaciones de ellos, es el instrumento que le permitirá introducir los cambios que el sistema necesita. Es de notar que dicha ley no faculta la expropiación de los operadores, sino que le da al ministerio herramientas para negociar mejor, pues siempre puede adquirir el contrato -mediando una compensación- si la contraparte plantea demandas excesivas para modificarlo. En todo caso, dada la experiencia de la quiebra de algunas empresas hace poco, los operadores parecen ahora más proclives a negociar los cambios que requiere la autoridad.

Otro elemento interesante se refiere a la estructura de transportes del Transantiago. Si se admite que el diseño de alimentadores y troncales es el más apropiado para Santiago, los transbordos son parte esencial del sistema, y, por tanto, un objetivo debería ser mejorar la coordinación y la comodidad de los mismos. Por eso es tan importante la regularidad del servicio, y no resulta aceptable que los operadores no puedan garantizarla. Los nuevos contratos les otorgarán incentivos para hacerlo, ya que, comprobadamente, el actual esquema de control centralizado no ha dado resultado.

Asimismo, es función del Estado velar por que se cumplan las normas, impidiendo, por ejemplo, que los particulares usen las vías exclusivas para buses, lo que aumentaría la velocidad de desplazamiento y la regularidad del servicio.

Es positivo, igualmente, que el ministerio haya sistematizado la información de las deficiencias actuales. Los problemas no son los mismos en distintas zonas de la ciudad, por lo que la estrategia para atacarlos debe ser flexible, y para ello es esencial disponer de información sistemática.

En suma, el Transantiago ha estado muy lejos de las promesas iniciales y ha representado un injusto y pesado gravamen público. Con realismo hay que estimar que sus progresos de servicio serán graduales, a medida que se extienda el Metro y mejore la regularidad y comodidad de los buses, disminuyendo así su enorme carga actual sobre el erario.

Debate sobre educación superior

Los estudiantes universitarios agrupados en la Confech han anunciado movilizaciones para los días 28 de abril y 12 de mayo. Sostienen que el sistema de educación superior está en crisis y requiere importantes transformaciones. Algunos de sus planteamientos son atendibles -como la necesidad de revisar el financiamiento para los estudiantes que acceden a la educación superior-; otros, discutibles -como los referidos a aumentar los aportes basales libres de disposición para las universidades estatales.

No obstante, el argumento general de que el sistema de educación superior está en crisis no tiene asidero, por varias razones. En primer lugar, porque ha logrado aumentar la cobertura en forma significativa y ha permitido que la mayoría de los jóvenes que actualmente acceden a esta educación sean los primeros en la historia de sus familias. Las oportunidades laborales y de ingresos que se les abren a los jóvenes que cursan estos estudios son muy superiores a las disponibles para aquellos que sólo tuvieron educación media. Por cierto, siempre habrá ejemplos en contrario, pero los antecedentes indican que para la inmensa mayoría de los egresados de educación superior las posibilidades de progreso son significativas.

Asimismo, la investigación, los programas de doctorado y el desarrollo de la ciencia están en un nivel sin precedentes en Chile. Por cierto, aún se está lejos de alcanzar los lugares de avanzada mundial, y nuestras mejores universidades no aparecen entre las más destacadas, pero los problemas que aquejan a nuestro sistema universitario no permiten afirmar que él está en crisis.

Indudablemente, ellos deben abordarse para tener un mejor sistema de educación superior, pero eso no requiere aportes basales de libre disposición. Incluso en aquellos países donde el gasto público en educación superior es mayor que el nuestro y una parte mayoritaria de las instituciones es estatal, los aportes fiscales están sujetos a rendición de cuentas y son canalizados mayoritariamente a través de convenios de desempeño o instrumentos similares.

Si bien nuestro sistema de educación superior puede requerir un aporte público mayor que el actual, él debe entregarse mediante convenios de desempeño con propósitos bien definidos y cuyo cumplimiento pueda ser evaluado y conocido por la ciudadanía. Un financiamiento adicional debería dirigirse a promover investigación y desarrollo para el crecimiento de la productividad del país y fortalecer áreas en que éste necesita renovación. Un ejemplo de esto último son los programas de formación inicial docente (un campo en el que el Gobierno ha señalado disposición a aportar recursos): ellos deberían ser más selectivos y de mejor calidad.

Otro aspecto que necesita revisión es el financiamiento estudiantil vía créditos. En la actualidad hay dos sistemas de financiamiento, de costo muy distinto para los estudiantes -una situación discriminatoria que debe evitarse-. Un nuevo esquema debería estar relacionado con el ingreso del estudiante y establecer condiciones para que los intereses sean más bajos que los contemplados actualmente en el crédito con aval del Estado.

También sería oportuno revisar el sistema de becas. Parece razonable uniformar la multiplicidad de programas actualmente existentes en uno solo, en el que los criterios de asignación sean fundamentalmente el nivel socioeconómico de los estudiantes y la calidad de los programas elegidos, más que la naturaleza jurídica -estatal, privada, perteneciente o no al Consejo de Rectores, o cualquier otra- del plantel en que estudie el aspirante a becario. Asimismo, parece conveniente elevar en algunos casos sus montos, concentrarlas en los primeros años y extenderlas -por cierto, con un monto menor- a los grupos de ingresos medios, en vez de mantenerlas focalizadas sólo en el 40 por ciento más pobre.

En todo caso, como se informa en esta edición, el Gobierno está preparando cambios importantes en el sistema de ayuda a estudiantes de educación superior, que probablemente -cabe presumir- incorporarán varios de los lineamientos aquí reseñados.

GPS, penas alternativas y medidas cautelares

En su cuenta pública de actividades en 2010, el fiscal nacional se manifestó en favor del proyecto que plantea incorporar medios tecnológicos modernos para el seguimiento de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad (Ley N° 18.216).

Así, todos los actores del sistema coinciden en incorporar nuevas tecnologías al mejoramiento del sistema de medidas alternativas, lo que es indispensable para Chile, por su contribución a reducir el hacinamiento carcelario, y lo acercaría a la práctica de países desarrollados, que emplean mucho más intensivamente las sanciones penales no consistentes en medidas privativas de libertad.

Sin embargo, para que estas iniciativas prosperen, es necesaria una coordinación eficaz de todos los actores, no sólo del Ministerio de Justicia y Gendarmería, sino también de fiscales y Carabineros, con miras a un real control en caso de quebrantamiento de dichas medidas -algo que hoy ocurre sólo muy deficientemente.

La buena acogida del uso de este sistema de control por parte del Ministerio Público es auspiciosa, pues él debería permitir que una mejor supervisión del cumplimiento de las condiciones y restricciones a que el infractor queda sometido garantice una efectiva protección a la víctima y disipe la actual percepción pública de que tales medidas son sólo simbólicas. Así, el Ministerio Público cumpliría más cabalmente el imperativo mandato legal de "proteger a las víctimas y a los testigos".

Por otra parte, de extenderse en el futuro esta herramienta a medidas cautelares, como lo ha planteado el fiscal nacional, se liberarían también horas-hombre en aquellas instituciones que hoy supervisan estas labores -básicamente las policías-. En el proyecto de ley presentado por el Gobierno, el monitoreo está circunscrito exclusivamente a reclusiones parciales -que deben ser cumplidas en lugares distintos de un recinto penitenciario- y a los casos de la libertad vigilada intensiva y pena mixta, exclusivamente referidos a delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.

En nuestro contexto, sin embargo, por ahora parecería prudente iniciar esta experiencia sólo en relación con una población más acotada, para probar el sistema y corregir a tiempo lo que se precise.

Todo lo anterior supone fijar muy claramente los criterios bajo los cuales las personas, en la hipótesis de recibir una reclusión parcial, podrán optar o no a esta modalidad. Asimismo, se deberá verificar en la práctica cómo se dan la coordinación y la gestión de estos casos entre todos los actores. Por ejemplo, ante un quebrantamiento, cuándo deban las policías dar aviso a los fiscales o, en los casos de la libertad vigilada intensiva, qué coordinación proceda también con los delegados. La dinámica que se dé en la realidad será determinante para que la sociedad acoja o no estas innovaciones, que en principio son bienvenidas.

Editoriales tomados de Diario El Mercurio.