Radicalización estudiantil y educación.

Imagen real tomada de la marcha estudiantil del jueves.

En momentos en que la política ha perdido el atractivo de antaño y es vista con distancia por la población, suele sostenerse que el país vive una crisis de representatividad. Algo de eso ocurre, pero también es de recordar que, a medida que los países se desarrollan, la política empalidece naturalmente, porque la sociedad se complejiza y los puntos de referencia se diversifican. Es habitual que se atribuya a los movimientos sociales una mejor capacidad de representación y se los llame "ciudadanos". La paradoja es que suelen levantar propuestas que, en su hora, ya han sido seriamente debatidas en otras instancias, pero que no han logrado apoyo político. Y siempre hay voces que, identificadas con esos planteamientos, sostienen que ellas expresan las verdaderas aspiraciones de la población. Es una forma de construir argumentos para imponer posturas que no han reunido votos suficientes para prosperar políticamente.

De hecho, en encuestas de opinión pública en los últimos años, más allá de las particularidades de las preguntas realizadas, no se observa en la población una cercanía con una agenda como la que proponen los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, hay marcada preferencia por la educación particular subvencionada en vez de la pública, alta valoración de las nuevas oportunidades abiertas por la expansión de la educación superior, y comprensión del pago en educación superior, entre otros.

Que las exigencias para la educación forman parte de una agenda más amplia queda en claro ahora que el movimiento estudiantil aparece radicalizado, desbordando los asuntos verdaderamente educacionales. Entre otras medidas, se exigen ahora una nueva Constitución, una reforma tributaria, y también la nacionalización de las grandes mineras de cobre privadas. Este conjunto de propuestas es claramente identificable con sectores políticos específicos del país, que en las elecciones han obtenido apoyos minoritarios. Por cierto, algunas propuestas específicas pueden tener un apoyo más transversal, pero quedan desdibujadas en un "paquete" de reformas más amplio, que en sí mismo es revelador: estamos ante la agenda de una izquierda que no ha podido convencer al electorado de la conveniencia de sus propuestas y que aspira a aprovechar la simpatía que suelen despertar las demandas estudiantiles para intentar impulsarlas. Es una estrategia conocida y que en el pasado no ha rendido frutos. Posiblemente tampoco lo logre en esta ocasión.

Ha quedado en claro que los movimientos estudiantiles o sociales están lejos de representar a la gran mayoría ciudadana. Por tanto, hay que desdramatizar sus exigencias, y lo razonable es procurar concentrarse de nuevo en la agenda propiamente educacional. En educación superior, el Consejo de Rectores ha considerado insuficiente la propuesta del ministerio. Sin duda, hay aspectos que pueden perfeccionarse. Desde el punto de vista del interés del país, lo más delicado es el aumento en el financiamiento basal, que no constituye la forma apropiada de allegar recursos a las universidades tradicionales, pues el Estado tiene pocas garantías de que esos recursos vayan a ser bien utilizados. Se deben priorizar, como en otros países, aportes mediante convenios de desempeño, con exigencias precisas relativas a volumen y calidad de investigación y excelencia en docencia; ambas partes deberían poder confluir en plazos breves a un acuerdo razonable. Y en educación escolar, el Gobierno tiene una agenda bastante intensa. Es hora de que la recuerde con convicción y la empuje con decisión. Es la mejor manera de responder a las exigencias de los secundarios y orientar a la ciudadanía.

Editorial de Diario El Mercurio.