La disputa es por aproximadamente
50.000 kilómetros
cuadrados del mar Caribe y
varios islotes deshabitados
en una zona que, por su
belleza, bien podría ser un
pedazo del paraíso.
El tesoro caribeño que se
disputan Colombia y Nicaragua.
La disputa es por aproximadamente 50.000
kilómetros cuadrados del mar Caribe y varios islotes deshabitados en una zona
que, por su belleza, bien podría ser un pedazo del paraíso.
Pero lo más importante
parece estar bajo del agua.
Es el diferendo limítrofe
que enfrenta a Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, que esta semana les dio a ambos países la oportunidad de presentar sus
alegatos finales.
El juicio inició en 2001
y seis años después la Corte emitió una primera resolución en la que ratificó
la soberanía de Colombia sobre las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, pretendidas por el país centroamericano.
En esa oportunidad, sin
embargo, el tribunal también dejó pendiente el tema de la posesión de varios cayos
deshabitados ubicados al norte de esas islas y se declaró competente para
revisar los límites marítimos entre ambas naciones, tal y como pedía Nicaragua.
Eso significa que la
próxima decisión de la Corte –para la que todavía hacen falta varios meses-
tendrá implicaciones para la futura explotación de una zona rica en recursos
pesqueros y, aparentemente, también en petróleo.
Y, para muchos, ahí está
la clave del actual litigio, por más que sus antecedentes se remontan a más de
200 años.
En negro secreto submarino
"Nicaragua, a través
de las concesiones otorgadas a la empresa Noble Energy, ya identificó
yacimientos de petróleo liviano de buena calidad a sólo diez kilómetros de la
zona en litigio", le dijo a BBC Mundo Iris Valle, oficial de incidencia
para megaproyectos de energía e hidrocarburos de la organización ecologista
nicaragüense Centro Humboldt.
"No están identificadas
las cantidades, pero sí la calidad del petróleo. Y posiblemente también tenga
un manto de gas", agregó.
El presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, decidió por su parte interrumpir la exploración
petrolera en la zona en octubre del año pasado, aduciendo razones
medioambientales.
Pero, según el
investigador del departamento de geociencias de la Universidad Nacional de
Colombia Carlos Alberto Vargas, se estima que la llamada Cuenca de Los Cayos
podría contener cerca de 6.000 millones de barriles de petróleo equivalentes
(mbpe).
Mar de siete colores.
Así las cosas, la
posibilidad de que en el futuro cualquiera de los dos países permita la
explotación petrolera en la zona es motivo de inquietud tanto para los
ecologistas nicaragüenses como para los colombianos.
Y, sobre todo, preocupa a
los habitantes de las islas, que hacen parte de un territorio declarado Reserva
de la Biósfera por la Unesco hace ya 12 años.
"La Reserva
representa el 70% de los corales de Colombia y es uno de los corales y
ecosistemas coralinos mas conservados del Caribe", le dijo a BBC Mundo
Arne Britton, subdirector de mares y costas de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, Coralina.
"Y una de las
características que tiene la reserva es 'el mar de los siete colores': un mar
transparente, un agua cristalina que tiene un potencial ecoturístico bastante
importante", agregó.
De hecho, el turismo ya
es, junto con la pesca, la actividad económica más importante del archipiélago.
Y, para Britton, la
exploración y la explotación de hidrocarburos representa una amenaza para
ambas.
Paraíso en riesgo.
Por esta razón, Coralina
está intentando hacer que la justicia colombiana prohíba definitivamente la
actividad petrolera en la Cuenca de Los Cayos.
"Recibimos con mucho
beneplácito la decisión del presidente (de no permitir exploraciones de
hidrocarburos en la zona), pero a nosotros podríamos dormir más tranquilos si
se lograra que el tribunal fallara a favor de nuestra acción popular",
explicó Britton.
Y la posibilidad de que
un fallo a favor de Nicaragua en La Haya permita que el país centroamericano
empiece a extraer petróleo en las proximidades del archipiélago es algo que
también preocupa al funcionario.
"Eso es lo que más
tememos, no serían buenas noticias para la reserva, las áreas marinas
protegidas y para todo lo que hemos hecho en todos estos años hará garantizar
el uso sostenible de los recursos naturales, sobre todo para la comunidad
pesquera", afirmó.
La explotación petrolera
en esa zona del Caribe, sin embargo, tampoco atrae a los ecologistas
nicaragüenses, que también parecen dispuestos a dar batalla.
"El petróleo puede
representar una importante fuente de ingresos, pero el riesgo ambiental es
demasiado alto", le dijo a BBC Mundo Iris Valle, quien también considera
que las industrias extractivas por lo general generan distorsiones y dependencias
que atentan contra los proyectos de desarrollo sostenible que necesitan países
como Nicaragua.
Y, según Valle, incluso
el empleo que pudieran generar las plataformas petroleras es limitado y
requiere de una mano de obra demasiado tecnificada como para beneficiar a las
comunidades de la zona que, de por sí, verían afectadas sus ocupaciones
tradicionales.
En cualquier caso, la
ecologista nicaragüense no considera que el riesgo sea mayor en el lado
nicaragüense que en el lado colombiano.
"La principal
diferencia es que en Nicaragua el proceso de exploración está más avanzado.
Pero los dos países parecen igual de comprometidos con las concesiones
petroleras", dijo.
Lo que parece sugerir que
la disputa por el futuro de este paraíso caribeño podría extenderse más allá de
la resolución de La Haya.
Historia de una disputa bicentenaria:
El litigio que está
intentando dirimir la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cierta
forma inició en 1803, cuando la corona española decidió trasladar la
responsabilidad del archipiélago de San Andrés -ubicado a 220 kilómetros de
Nicaragua y a 775 km de las costas colombianas- al entonces Virreinato de Nueva
Granada.
Ya como naciones
independientes Colombia y Nicaragua intentaron poner fin a varios años de
disputas mediante el tratado Bárcenas-Esguerra, firmado en 1928. El tratado
reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y hacía del meridiano 82 la frontera marítima entre ambos
países.
En 1979, sin embargo,
Nicaragua dejó de reconocer el tratado aduciendo que el mismo había sido
suscrito cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos, el que había
decidido utilizar las islas como moneda de cambio para compensar a Colombia por
la pérdida del territorio panameño.
El caso fue llevado a La
Haya en 2001 y en 2007 la corte ratificó el derecho de Colombia sobre las
islas. El tribunal, sin embargo, se dijo dispuesto a revisar la validez de la
actual frontera marítima y el derecho sobre los cayos Roncador, Quitasueño y
Serrana, su sentencia será inapelable.
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