Transantiago, el gran pendiente.

Transantiago, el gran pendiente.

Una encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo ha traducido a números la percepción de los santiaguinos respecto de su sistema de transporte público: la nota promedio que éste recibe es 4,3, la misma que obtenía en 2008. Sería precipitado concluir a partir de ello que nada ha mejorado en el período. Y es que la cifra 2011 aparece fuertemente determinada por el efecto de las sucesivas alzas de pasajes ocurridas a partir de 2010 y hasta febrero pasado. De hecho, mientras que en 2008, cuando las tarifas llevaban más de un año congeladas, la nota que ponían los usuarios al ítem «precio» era 5,1, ahora es 3,3. Con todo, bien puede afirmarse que las mejoras —más bien marginales— en la evaluación de aspectos como los tiempos de espera, tiempos de viaje, trasbordos o cercanía, están lejos de compensar, para los santiaguinos, el mayor gasto que hoy deben efectuar al momento de movilizarse. Si a ello se agregan los millonarios desembolsos que debe efectuar el Estado para cubrir los déficits financieros, la conclusión es evidente: a más de cuatro años de su puesta en funcionamiento, el Transantiago sigue siendo un problema pendiente.

Es innegable también que se trata de un problema «heredado». Las graves fallas de diseño siguen penando hasta ahora. Aun más, las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior, tras el desastre inicial de su puesta en marcha, si bien exitosas en llevarlo a un nivel de funcionamiento mínimamente aceptable, multiplicaron los déficits, y un acuerdo político suscrito en 2009 llevó a que fueran las actuales autoridades las que pagaran el costo del progresivo sinceramiento de las tarifas. Con todo, cuando el actual gobierno lleva ya más de un año en el poder, resulta legítimo evaluar cuál ha sido su propio accionar en este tema. Aquí, el balance es ambiguo. Durante 2010, parte de los esfuerzos se concentraron en conseguir la aprobación por el Congreso de un nuevo subsidio para así contener las alzas y en una poco efectiva campaña contra la evasión. Pero también hubo pasos que pueden ser más relevantes en el mejoramiento del sistema: el anuncio de un millonario plan de infraestructura (que, desde otra perspectiva, permite constatar las insólitas carencias con que ha operado durante años el Transantiago) y la reforma legal que fortaleció las atribuciones del Ministerio de Transportes para exigir mejores estándares de servicio a los concesionarios, y abrió la puerta a la posibilidad de renegociar los contratos.

Es justamente ése el proceso a que se encuentra hoy abocado el ministro del área. Este diario informó hace algunos días de los criterios con que la autoridad está enfrentando la negociación. Ellos apuntan a asociar más estrechamente los pagos a los operadores con los servicios prestados, en la idea de que existan incentivos para un mejor desempeño y para que asuman ellos (como parecería lógico) un papel más protagónico en el control de la evasión. También se buscaría establecer nuevos indicadores de calidad, más vinculados con la efectiva satisfacción de demanda, y un mejoramiento de la comodidad interior de los buses. Igualmente, el Ejecutivo habría pedido a los concesionarios de troncales revisar en profundidad sus áreas y proponer «paquetes de recorridos», que eviten al máximo los trasbordos. Se trata éste de un aspecto particularmente crítico, pues si bien el exceso de trasbordos es fuente de insatisfacción para los usuarios, no parece factible —y de hecho la propia autoridad lo ha advertido— terminar con el esquema alimentador-troncal en un parque automotor con las dimensiones del actual.

En cualquier caso, en esta renegociación (enfocada en los operadores de troncales, pues los contratos con los alimentadores vencen este año) y en el modo en que los criterios señalados puedan tener un aterrizaje concreto, las autoridades se están jugando su posibilidad de marcar ese punto de inflexión que hasta ahora la ciudadanía no logra percibir.

(Editorial tomado del vespertino La Segunda)