Tres editoriales tomados de los periodicos más importantes de circulación nacional.

Positivo bono de atención médica

HOY COMENZARA a operar el Bono de Consulta Médica Respiratoria, iniciativa del Ministerio de Salud que ofrece a los menores de 15 años y a los mayores de 65, que no registran ingresos, la posibilidad de atenderse con un prestador privado si, al presentarse en una urgencia pública debido a una afección respiratoria, no son atendidos luego de dos horas de espera.

La medida -que se prolongará, en principio, hasta el 31 de julio y será financiada a través de fondos extraordinarios recientemente destinados a la "operación invierno"- aparece como una solución sensata para el atochamiento que se verifica en esta estación del año en los hospitales públicos, debido a la alta concurrencia de pacientes que sufren bronquitis, neumonía o laringitis. Se busca así entregar una respuesta más pronta a las personas afectadas, otorgándoles un trato más digno, al evitar las largas esperas que a menudo deben cumplir. De igual forma, la alternativa de un prestador privado motivará a las urgencias públicas a hacer mayores esfuerzos y a perfeccionar su gestión para no perder a los pacientes que, de no ser atendidos con rapidez, emigrarán a la salud privada, portando un bono de atención por unos $ 7.000.

Es importante, en todo caso, perfeccionar algunos aspectos de la iniciativa. No parece tener sentido, por ejemplo, que la atención en los prestadores privados sólo pueda ocurrir en horario de oficina, pues la esencia misma de la medida es resolver problemas derivados de urgencias de salud, las que, por supuesto, pueden ocurrir en cualquier momento y necesitan de atención sin límites de horario. Asimismo, existe evidencia sobre la gran cantidad de personas que recibe este tipo de beneficios sin tener derecho a ellos, problema que debería ser minimizado en la aplicación de este bono.

Desarrollo del caso La Polar

La transacción de acciones de La Polar se encuentra suspendida hasta el viernes. Hasta ahora es evidente que la empresa repactó las deudas vencidas de sus clientes mediante procedimientos irregulares, pero no se sabe cuán extensamente se utilizaron. La empresa ha contratado a una empresa especializada para que clarifique la realidad de su cartera crediticia, pero eso tomará tiempo. Muchas de esas repactaciones deberán anularse y podrían caber indemnizaciones difíciles de cuantificar. Es una situación que se resolverá con los procedimientos habituales en sede judicial o con acuerdos extraordinarios. Ésta es la materia de interés principal para los clientes que sienten que la empresa abusó de su situación de incumplimiento de pagos.

Probablemente habrá una discusión legislativa para intentar regular mejor los procedimientos de repactación de deuda, aunque, dada la forma como se han venido desarrollando los hechos, la institucionalidad vigente ha actuado como desincentivo a que operaciones como esta se repitan en el futuro. Asimismo, es probable que reflote la idea de tener un registro de deudas consolidadas que permita conocer mejor los niveles de endeudamiento de las personas y familias individuales. Tal registro existe actualmente para la banca, pero no para las casas comerciales. Con todo, es probable que eso no evite que algunas compañías intenten satisfacer las demandas de crédito de grupos más riesgosos. De hecho, en este caso era bien conocido que los clientes presentaban un riesgo mayor que el del promedio del mercado y del resto de las casas comerciales, aunque quizás se desconocía el grado específico.

Otra dimensión de este problema apunta a que estas reprogramaciones buscaban aumentar los ingresos de la compañía (aproximadamente la mitad proviene de la parte crediticia) o, al menos, posponer el reconocimiento de que el negocio era menos atractivo que lo informado en sus estados financieros. Es difícil, aunque no imposible, que este procedimiento -cuyos alcances están por esclarecerse- haya sucedido total o parcialmente al margen del directorio, y si fue así, hay una negligencia inexcusable de esa instancia. Por cierto, debe excluirse de esta apreciación a directores que acaban de ingresar a esas funciones, pero los que permanecieron desde períodos anteriores y los que salieron deberían dar explicaciones a un mercado que, por su naturaleza, descansa en la confianza. En todo caso la fiscalía se encuentra investigando posibles infracciones a la Ley de Bancos y Valores.

Los hechos conocidos desde el día en que afloró esta situación confirman que el directorio no estableció los controles ni realizó la debida supervisión de los ejecutivos involucrados en estas repactaciones de deudas, mediante procedimientos que parecen de dudosa legalidad.

También los auditores han quedado en tela de juicio, pues no pueden escudarse en un acceso parcial a la información. Su deber es verificar -no sólo para el directorio, sino para todos los accionistas- que los balances, incluidos los ingresos y gastos, son verificables y confiables. Seguramente habrá espacio para demandas civiles por los accionistas minoritarios y los tenedores de bonos. En menor medida también fallaron las clasificadoras de riesgo, ya que debieron someter a un análisis preciso los de esta empresa, muy conectados a la posibilidad de satisfacer los ingresos proyectados, que, por lo visto, están construidos sobre bases muy débiles.

Mucho más distante es la responsabilidad de las superintendencias de Bancos y Valores y Seguros. Posiblemente, también habrá presiones por cambios regulatorios en este ámbito, pero ellas son menos comprensibles: ésta es una situación más bien acotada a las actuaciones del directorio, de los auditores y, en menor medida, de los clasificadores. Más bien se deberían introducir correcciones en las prácticas, tanto más cuanto que, al parecer, se está ante un caso excepcional, más que frente a una realidad generalizada. No obstante, él arroja una mancha perturbadora sobre todo el sector privado y, en esa misma medida, afecta a la imagen del sistema económico.

Triunfo resonante

Al Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le gusta decir que su país es un buen ejemplo de que la democracia y el islam no son incompatibles. Las últimas elecciones generales, en las que el Premier obtuvo una tercera victoria, le dan la razón.

En tanto que la mayoría de los regímenes musulmanes son autoritarios, despóticos, fundamentalistas o directamente dictatoriales, Turquía ha preservado un sistema político laico que estuvo por años bajo la tutela militar y que permitió la renovación periódica de sus autoridades y una amplia gama de libertades civiles. La última intervención castrense data de 1997, cuando fue derribado el gobierno de Necbettin Erbakan, un islamista que pretendió hacer cambios que no gustaron a los generales.

Erdogan aprendió la lección, y en 2001 fundó el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que tiene raíces islámicas como el de Erbakan, pero con una mirada menos antioccidental que la de su mentor y con un enfoque pragmático que otorga a la economía mayor importancia, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Erdogan, que ha sido él mismo acusado de ejercer un poder bastante autocrático (actualmente hay cerca de 60 periodistas detenidos), se desembarazó de las Fuerzas Armadas acusando a un centenar de oficiales de atentar contra la democracia. Más tarde obtuvo respaldo para algunas reformas políticas. Ahora quiere cambiar la Constitución, que data de la década de 1980, escrita y aprobada durante el régimen militar.

Pero los votos del domingo pasado no le permiten reescribir la Carta Magna sin consultas. Al obtener sólo la mayoría absoluta, y no los dos tercios necesarios, Erdogan puede modificar la Constitución en el Parlamento, pero deberá ratificarla en un referéndum. Esto lo obliga a negociar tanto con la oposición política, incluido el partido de los kurdos moderados que buscan autonomía, como con las bases sociales de empresarios y trabajadores. El objetivo del Premier, además de darle estabilidad civil al sistema, es reemplazar el actual régimen parlamentario por uno presidencialista con voto directo, lo cual sólo podrá obtener consensuando el proyecto constitucional.

Los desafíos de Erdogan no terminan allí. Mientras el país se ha desarrollado con sólidas bases económicas -en 2010 se registró un crecimiento del 8,9 por ciento y se estima en cerca del cinco por ciento para este año-, el gobierno debería avanzar en temas como su incorporación a la UE, que algunos reclaman como primordial, pero a la que se oponen sectores nacionalistas que la consideran un "club de cristianos". También deberá definir un nuevo rol en el Medio Oriente luego de las rebeliones árabes, especialmente en los casos de Siria, con cuyo gobierno tradicionalmente mantiene buenas relaciones, y Libia, país en el cual -como miembro de OTAN- ha aceptado intervenir en apoyo a los civiles, aunque resistiéndose a incrementar su participación en el conflicto.