Los diputados deben ceñirse a su rol institucional y respetar la independencia de la justicia.
UN GRUPO de 24 diputados del PS, el PRSD, la DC, el PPD y el PC hizo pública, el jueves, una carta de apoyo a Enrique Villanueva, ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez procesado en septiembre por el juez Mario Carroza, bajo la acusación de ser autor intelectual del atentado que costó la vida al senador Jaime Guzmán en 1991. Se trata de una intromisión indebida de parte de los legisladores en una investigación radicada en tribunales.
En la misiva, los parlamentarios se muestran "preocupados por la situación procesal" de Villanueva, con quien solidarizan; manifiestan su "convicción" de que es inocente del crimen de Guzmán; afirman por ello que su encarcelamiento (el ex frentista se encuentra recluido en la Cárcel de Alta Seguridad, CAS) "no prestigia a la justicia chilena"; dan a entender que la situación afectaría las posibilidades de lograr la extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza, otro de los supuestos autores intelectuales del crimen, y sostienen que se pretende "juzgar a una organización política (…) y no a personas".
La investidura institucional de los suscriptores de la carta hace que el contenido de ésta no pueda ser interpretado como un mero ejercicio de solidaridad o del derecho a la libertad de expresión del que gozan todos los chilenos, sino que deba ser entendida como una forma de presión sobre el magistrado que lleva adelante la causa y de una intervención de un poder del Estado en las atribuciones de otro. No debe olvidarse que la carta fue suscrita y hecha pública en el Congreso y lleva el membrete de la Cámara de Diputados.
Villanueva goza de todas las garantías inherentes al debido proceso y, si estima que sus derechos no son respetados, debiera recurrir a las vías definidas institucionalmente para hacerlo ver, sin que quepa a los parlamentarios intervención alguna en ello. En todo caso, tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema han ratificado su procesamiento. Tampoco corresponde que los diputados organicen visitas grupales y mediáticas al procesado, como la que han anunciado para pasado mañana, pues ello también supone una interferencia indebida. No es la primera vez que en este caso se producen episodios de este estilo. Cuando, en 1996, la ministra Raquel Camposano sometió a proceso por obstrucción a la justicia a altos funcionarios de gobierno y policía, parlamentarios y personeros de la Concertación tuvieron actitudes de interferencia similares a las que ahora protagoniza este grupo de diputados.
Cabe a los tribunales responder las interrogantes que quedan abiertas en torno al asesinato de Guzmán y buscar que los responsables del mismo cumplan sus condenas -varios de ellos escaparon de la CAS en 1996- o sean sometidos a juicio. En los últimos meses, han generado controversia declaraciones que sugieren que se permitió que varios miembros del FPMR salieran del país a cambio de que el Frente abandonara la vía armada. La acusación, que ha sido desmentida por las autoridades de la época, debe ser investigada, así como también la versión de que éstas y el Ejército habrían sabido que Guzmán figuraba en una supuesta lista de blancos de atentados confeccionada por la dirigencia del FPMR. Para que las pesquisas se desarrollen de la mejor manera, es crucial que los actores políticos permitan que la justicia actúe de manera minuciosa e independiente, evitando intromisiones que ponen presión y pueden contaminar el proceso.
Tomado de Diario La Tercera.
