Los accidentes de tránsito constituyen en Chile un problema de magnitud excesiva respecto del grado de desarrollo nacional en otras áreas, pero no parece haber avances en su reducción. La legislación dictada para este efecto y los organismos competentes -incluido Carabineros- no han logrado mejorar los alarmantes balances de dichos siniestros, pese a los esfuerzos desplegados y a las insistentes campañas de prevención.
La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito ha medido los costos sociales de los 56 mil 300 accidentes registrados el año pasado, estimándolos en unos 250 mil millones de pesos, suma equivalente a la construcción de más de 100 mil viviendas sociales. A eso se deben agregar más de mil 500 víctimas fatales y 50 mil lesionados, con gravísimas consecuencias para sus grupos familiares. Las estadísticas de 2009 evidencian que el 60 por ciento de las víctimas fatales corresponde a zonas urbanas y que el peatón lidera el número de fallecidos, pero el 89,5 por ciento de los accidentes es de responsabilidad de los conductores.
Contribuye a dicho resultado el aumento de vehículos nuevos que ingresan diariamente a las vías públicas, incrementando los niveles de congestión, especialmente en la capital. Las cifras muestran un aumento del seis por ciento del flujo vehicular en Santiago entre 2007 y 2008, y según la Asociación Nacional Automotriz de Chile se comercializarán más de 280 mil vehículos nuevos este año. Este explosivo aumento de las ventas de automóviles ha influido de manera directa en el número de accidentes vehiculares, especialmente en la Región Metropolitana, según estimaciones de Carabineros, por lo cual -afirman- deberá aumentarse la dotación policial en las calles e incorporarse mejor tecnología para fiscalizar el tránsito.
Las autoridades competentes han tratado de crear conciencia sobre las responsabilidades de peatones y conductores. La Ley del Tránsito ha sido modificada en numerosas oportunidades para modernizarla y para establecer mayores sanciones a quienes la infrinjan. No obstante, algunos expertos estiman que no hay real voluntad política para corregir sus deficiencias, y los niveles promedio de conducción en Chile dejan mucho que desear. Tal vez sea hora de comenzar a emular el ejemplo de países europeos de alto desarrollo, que han incorporado a sus currículos escolares la enseñanza muy temprana de las nociones fundamentales en esta materia, como una manera de contribuir en lo inmediato a la seguridad de los niños, y con ulteriores proyecciones benéficas en la vida adulta. Se requiere cabal conciencia colectiva de las conductas riesgosas y de sus reales consecuencias para poder obtener resultados significativos.
Las crecientes dificultades para desarrollar proyectos de energía en Chile no provienen de sus complejidades técnicas, sino de los desafíos ambientales y de sustentabilidad que plantean frente a la ciudadanía. Éste es un rasgo transversal de las economías de comienzos del siglo XXI, pero en nuestro país los ejemplos abundan: así ocurre, por ejemplo, con la solicitud presidencial a la compañía Gas de Suez de modificar la localización de la central térmica de Barrancones; la demora en avanzar con los planes para introducir la energía nuclear y, sobre todo, la campaña con financiamiento internacional para oponerse al proyecto HidroAysén.
Hoy, en materia energética, la principal preocupación de la humanidad es el peligro de cambio climático que provoca la generación de energía por la quema de combustibles fósiles, dado el envío de gases efecto invernadero a la atmósfera que eso provoca. Pero dichos combustibles fósiles, principalmente el carbón, son la fuente más abundante y más barata para generar energía. Esto plantea a los países un dilema desafiante: generar energía barata para sus ciudadanos y aumentar con eso la amenaza de cambio climático, o buscar fuentes alternativas, a veces menos abundantes y menos seguras, muchas veces más caras y que restan competitividad a sus economías, pero que procuren darle mayor sustentabilidad a su desarrollo.
En ese contexto se inserta el debate por HidroAysén. Los proyectos hidroeléctricos no generan contaminación atmosférica, tienen costos marginales más bajos que el carbón, pero son dependientes del régimen de lluvias y modifican el entorno geográfico en que se ubican. HidroAysén se emplaza en una zona cuyos ríos no registran variaciones importantes en sus caudales, lo que garantiza una producción energética más segura que en otras latitudes, y sus bajos costos y gran capacidad generadora le otorgan gran atractivo. Por eso, la oposición a su construcción se circunscribe a quienes no desean que se modifique el estado natural de su entorno. Sin embargo, preservar ese paisaje - en general, una aspiración de ciudadanos de países desarrollados- se logra a costa de los chilenos, que necesitan esa energía limpia para su propio desarrollo. De ahí que el Gobierno, por intermedio del ministro de Energía, haya declarado la importancia de que tales proyectos se realicen, obviamente sujetos a las regulaciones ambientales vigentes. A su vez, la empresa que explotará HidroAysén ha hecho esfuerzos valiosos por disminuir la superficie a inundar y por que un tramo del transporte de la energía sea submarino, mitigando los efectos visuales de su transporte terrestre. Así, los 6,5 millones de dólares detectados -seguramente el total real debe ser aún mayor- que ciertas ONG han recaudado para oponerse a HidroAysén se enfrentan a argumentos cada vez más poderosos para contrarrestarlos. El país espera que esta contienda se resuelva a la brevedad, porque la generación energética es esencial para lograr las ambiciosas metas de desarrollo económico que Chile se ha impuesto.
Con todo, ni HidroAysén ni la opción hidroeléctrica aislada podrán resolver por sí solos el suministro nacional de energía. Será necesario desarrollar otras fuentes, entre las más importantes de las cuales está, sin duda, la nuclear. El ministro Raineri no ha aclarado de manera definitiva la urgencia y convicción con que ésta se abordará, lo que requiere ser precisado a la brevedad.
ANFP: una controversia que no debió haber tenido lugar
El triunfo de la lista opositora debió haber sido reconocido sin recurrir a destiempo a un artículo ideado para precaver una realidad ya superada.
LAS ACALORADAS disputas acerca de la legitimidad de la candidatura de Jorge Segovia a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional han hecho recordar tiempos que se creían superados en el balompié chileno. Las declaraciones, denuncias y amenazas pronunciadas en estos días perjudican el prestigio de la actividad.
Lo más lamentable es que este episodio podría haberse evitado si las posiciones no se hubieran extremado tanto. Es innegable que la directiva actual realizó un trabajo serio y profesional que permitió que el fútbol progresara con fuerza en el último cuatrienio. Durante la exitosa gestión de Harold Mayne-Nicholls, la ANFP logró convencer al gobierno de invertir en infraestructura, instauró las competencias de menores y de reservas, contrató un técnico de nivel mundial para la selección nacional, desarrolló el fútbol femenino, etc. Son avances importantes que no pueden ser ignorados. Sin embargo, el timonel de la ANFP no cultivó una buena relación con los clubes. Como consecuencia de ello, terminó siendo derrotado la semana pasada por la lista encabezada por Segovia en una elección en la que ésta consiguió una mayoría amplia, no obstante la intervención de última hora del seleccionador nacional, quien trató de jugar un rol que no le corresponde e influir de manera impropia en el proceso.
Con posterioridad a la elección, surgió el argumento de que Segovia no habría estado en condiciones de haberse presentado a competir, según lo prescrito en el artículo 164 i) de los Estatutos de la ANFP, el cual prohíbe que ejerzan como dirigentes de la misma o de alguno de sus clubes miembros quienes "hayan celebrado actos o contratos de cualquier naturaleza con la Asociación o sus clubes asociados". Sobre este aspecto está pendiente un informe de la Comisión Jurídica de la ANFP que sería entregado el lunes. Sin embargo, el hecho de que Segovia haya sido validado como candidato y competido sin que se solicitara su inhabilitación da cuenta de que estamos en presencia de una reclamación tardía. Las objeciones debieron haberse presentado antes de la elección, no después.
Es importante hacer notar que dicho artículo fue establecido en 2002, cuando los clubes de fútbol tenían otro régimen y se buscaba evitar que empresas de factoring obtuvieran el control sobre ellos. Habiendo entrado en vigencia la ley que establece las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP), el artículo 164 i) es anacrónico. Por lo demás, si éste fuera a aplicarse con rigor, muchos actuales dirigentes de diversos clubes (e incluso al menos uno que integraba la lista de Mayne-Nicholls) no podrían ejercer como tales, por hallarse en la situación de incompatibilidad que describe el artículo. Debido a que resultaría descabellado inhabilitar a una proporción elevada de dirigentes a raíz de un artículo que fue redactado para precaverse de una realidad ya superada por los hechos, lo más recomendable hubiera sido no recurrir a él en el caso de Segovia.
Sólo la aguda polarización que se ha generado en torno al proceso electoral en la ANFP explica que se haya invocado el artículo 164 i) para afectar a una candidatura que obtuvo un triunfo claro en las urnas. Es el momento de calmar los ánimos y de reconocer las realidades que emanan de ese resultado electoral, permitiendo a las nuevas autoridades electas instalarse en la sede de Quilín en enero próximo.
Nota de la Redacción :
Las dos primeras notas fueron tomadas de los editoriales de Diario El Mercurio, la última de Diario La Tercera.
